Castilla-La Mancha, Andalucía, Canarias, Baleares, Extremadura, Navarra, Valencia, Aragón, Cantabria, Cataluña y Asturias han firmado este viernes una declaración en la que se pide "firmeza" al Gobierno de España y a la Unión Europea a la hora de atender a las personas refugiadas y desbloquear los procedimientos para garantizar que llegan de forma segura.

Así lo ha anunciado el portavoz del Govern Balear, Marc Pons, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, donde ha señalado que son "conscientes" de la capacidad que tienen pero no por eso quieren dejar de actuar o manifestar su posición.

En el texto, las comunidades autónomas advierten de que se están "poniendo en cuestión algunos de los valores más básicos" de la construcción europea, entre los que citan la solidaridad entre los miembros, la búsqueda de la paz, la promoción de la democracia y la protección de los Derechos Humanos.

Al respecto, han recordado que el refugio es un derecho que deriva de la Declaración de los Derechos Humanos y la Convención de Ginebra por lo que es "un deber de los estados que han suscrito dichos tratados".

"En nuestra memoria histórica reciente está muy presente el derecho al refugio que benefició a muchos de nuestros conciudadanos durante la dictadura franquista, lo que nos permite hoy comprender el valor del derecho de asilo", han apuntado.

En este sentido, han añadido que esa política de asilo "debe incluir también el objetivo de la plena autonomía e integración en la sociedad" de los refugiados.

Por ello, han criticado "la incapacidad y la resistencia del Gobierno de España para plantear respuestas y comprometerse", además de su "reiterada negativa a contar con las comunidades autónomas".

Sobre esto, han recordado que algunas comunidades son competentes en materias como vivienda, sanidad, empleo, educación o servicios sociales, y que algunas incluso tienen reconocida la competencia de primera acogida y de integración.

REIVINDICACIONES

Por todo ello, las comunidades firmantes demandan a las instituciones europeas y a los gobiernos de los Estados miembros "mayor implicación a la hora de atender a las personas que se están viendo desplazadas por conflictos".

Asimismo, han apelado a un desbloqueo de los procedimientos que permitan la llegada segura de las personas refugiadas, y han pedido al Gobierno de España poner "los medios económicos necesarios y los procedimientos administrativos adecuados permitiendo la participación de las comunidades autónomas".

También han reivindicado que se establezcan unos "criterios de distribución geográfica objetivos, homogéneos y consensuados".

Por último, han exigido la convocatoria, con carácter de urgencia, de la Conferencia Sectorial de Inmigración, mientras que han instado al presidente del Congreso a proponer la constitución de una Subcomisión para debatir un nuevo modelo en las políticas de asilo y refugio.