El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha recomendado que se suspenda la compra y el uso de las pistolas eléctricas en los cuerpos policiales de Catalunya hasta que el Parlament no haya debatido sobre su uso y la necesidad de un nuevo modelo de seguridad pública, ha informado este viernes en la presentación del informe 'Las pistolas eléctricas como dotación policial en Catalunya: elementos para el debate'.

Ribó ha alertado de que "son dispositivos conductores de energía e interfieren en el sistema nervioso y muscular, inmovilizando a la persona que recibe el impacto", y ha recordado que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) muestra su preocupación por el uso abusivo que se pueda hacer de estas pistolas.

El informe desvela que, del total de 213 policías locales de Catalunya, 31 de ellos tienen como dotación oficial una o más pistolas eléctricas, 21 las tienen en servicio y hay 54 pistolas que se han utilizado ya en ocho ocasiones. Unos datos, que según Ribó, el Departamento de Interior desconocía.

"Es una sorpresa porque algunas son poblaciones de escaso número de habitantes", ha dicho Ribó respecto a algunos de los municipios cuyos policías locales tienen este tipo de armas, como Dosrius, Vilanova del Vallès, Llinars del Vallès y Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona) con 20.000 habitantes todos ellos.

Los Mossos d'Esquadra, por su parte, disponen de unas directrices sobre quién, cómo y cuándo se utilizarán las 130 pistolas de la marca Taser que tienen previsto adquirir y los dispositivos estarán a cargo de los mandos de algunas Áreas Básicas Policiales (ABP), del Área Regional de Recursos Operatius (ARRO) y del Área Regional de Instrucción de Atestados y Custodia de Detenidos (ARIACD).

Ribó ha recomendado que se impulse una nueva ley de policía de Catalunya "que tenga en cuenta a los Mossos d'Esquadra, las policías locales y la colaboración entre los cuerpos con una jerarquía en favor de los Mossos".

Si se acuerda la compra y el uso de estas pistolas, el Síndic ha alertado de que no se usen contra personas vulnerables —embarazadas, niños y enfermos del corazón— o contra personas que por su estado de alienación no puedan entender las órdenes de los agentes, y deberá ofrecerse un reconocimiento médico a todas las personas contra las que se utilice el arma.

Además, el defensor de las personas, ha hecho hincapié en que sólo la usen policías uniformados, con capacitación adecuada y seleccionados entre personas con resistencia al estrés y con facultades de discernimiento.

Deberá quedar constancia escrita e informatizada de todos los elementos de su uso mediante un chip de memoria y una cámara de vídeo para facilitar el trabajo de una posible investigación posterior en caso de incidencias.

"Tenemos mentalidad de corredor de fondo. Conseguimos videocámaras de vigilancia en las comisarías y prisiones", ha dicho Ribó.

El Síndic acordó en marzo pasado elaborar de oficio un informe sobre estas armas, después de que el entonces conseller, Ramon Espadaler, anunciara su intención de que los Mossos d'Esquadra las incorporaran, ante lo que el director de la policía, Albert Batlle, anunció en agosto pasado que comprarían 134 unidades para que las dispusieran los jefes de comisaría.