Las partes no han alcanzado hoy un acuerdo en el juicio por la muerte de dos trabajadores en el año 2005 (en una construcción de viviendas en La Cava), por lo que se celebrará juicio oral en otra fecha (aunque aún es posible alcanzar, ese día, un acuerdo).

El Ministerio Fiscal pide cuatro años de cárcel para cada uno de los diez acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores y dos homicidios por imprudencia.

Tal y como relata el escrito de acusación, sobre las 17:00 horas del 3 de enero del año 2005, dos trabajadores (uno de ellos autónomo y socio y otro contratado) de la empresa SAJIN S.C se encontraban trabajando en la construcción de noventa viviendas en La Cava.

El Ministerio Fiscal estima que dos de los acusados, responsables de la empresa, incumplieron lo establecido en dos artículos de la Ley de Presencias de Riesgos Laborales al no efectuar la protección eficaz y de vigilancia.

Así, mientras estaban excavando una zanja, se produjo un desprendimiento que sepultó a los trabajadores, produciéndoles la muerte.

"Dicha excavación", añade, "se realizó sin haberse adoptado las medidas tendentes a asegurar la estabilidad de la pared vertical excavadora y la profundidad del vaciado".

La empresa promotora de la obra es Levalta S.L y están encausados el administrador así como el coordinador de Seguridad y Salud de la obra, "quienes no dieron las instrucciones adecuadas sobre los riesgos y medidas de protección, prevención y emergencias, no elaborando el estudio de seguridad y salud. Tampoco lo hizo la aseguradora, la Compañía Asefa.

La promotora contrató con la empresa Jorcon Rioja S.L, que subcontrató los trabajos de excavación con Excon Rioja S.L, asegurada con Caser, que subcontrató parte de los trabajos con otro de los acusados, asegurado en la Compañía Fiat, quien "excavó los tres bataches, dando al terreno cortes totalmente verticales, sin adoptar ninguna medida de sostenimiento o refuerzo".

El resto de acusados tampoco se ocupó de la vigilancia, ni de la adopción de medidas de seguridad, ni de los cursillos adecuados, así como del cumplimiento de las medidas de seguridad.

A juicio del Fiscal, los hechos son constitutivos de un delito contra el derecho de los trabajadores; y dos delitos de homicidios por imprudencia grave.

Pide para los acusados cuatro años de prisión para cada uno y una indemnización para los herederos de una de las víctimas (los otros han renunciado) de 125.000 euros.