El Ayuntamiento de Santander ha reunido este jueves a las asociaciones de vecinos de Cueto, Monte, San Román y Peñacastillo para explicarles los cambios en las valoraciones catastrales en la franja Norte de la ciudad y ponerse a disposición de los afectados para resolver sus dudas. Según el equipo de Gobierno, aproximadamente la mitad de los afectados son propietarios con parcelas de entre 400 y 2.000 metros cuadrados que pagarán entre 4 y 30 euros al año en concepto de IBI.

Tras este primer encuentro con las asociaciones, al que han asistido la concejala de Economía y Hacienda, Ana González Pescador; el de Urbanismo, César Díaz, y la responsable de Barrios, Carmen Ruiz, el Ayuntamiento continuará su ronda informativa esta tarde con una asamblea abierta en la Casa del Pueblo de Monte, donde se informará a todos los vecinos que se acerquen.

Además, cualquier afectado podrá informarse sobre su caso concreto dirigiéndose a los servicios de Urbanismo y de IBI, en el Ayuntamiento santanderino, o acudiendo directamente a la Gerencia Regional del Catastro (calle Hernán Cortés, 39).

González Pescador ha recordado que la revisión de valores realizada por el Catastro en estas áreas del municipio tiene como objetivo actualizar el valor de las parcelas e inmuebles de acuerdo a las nuevas clasificaciones que se les otorgaron en el Plan General de Ordenación Urbana de 2012.

Esa revisión tiene diversos efectos en función del cambio que se ha producido en la clasificación del suelo. Así, en unos casos supone una reducción del valor catastral que se traduce, también, en un descenso de lo que tendrán que pagar los propietarios en el recibo del IBI.

Y en otros casos, lo que ocurre es que el suelo se revaloriza, porque ha pasado de ser suelo rústico a ser suelo urbanizable, y en consecuencia, los propietarios tendrán que pagar "algo más" en sus recibos.

En cualquier caso, la concejala ha aclarado que aproximadamente en la mitad de los casos se trata de propietarios con parcelas de entre 400 y 2.000 metros cuadrados que pagarán entre 4 y 30 euros al año en concepto de IBI por sus terrenos.

González Pescador ha insistido en que los servicios municipales están a disposición de los propietarios para resolver las dudas que les puedan surgir en torno a este proceso en el que, según dice, el Ayuntamiento "ha tratado de ofrecer siempre las soluciones más favorables para los vecinos".

Así, ha señalado que el cambio de clasificación de los terrenos se incluyó en el Plan General de Ordenación Urbana de 2012 "atendiendo las demandas vecinales" para que esos suelos que hasta ahora eran rústicos y no tenían posibilidad de desarrollo pasaran a ser suelos urbanizables, lo que se traduce en una revalorización del terreno.

Después, el Ayuntamiento pidió que se paralizara el procedimiento iniciado en el año 2014 por el Catastro para incorporar esos terrenos como suelo urbano a efectos catastrales, lo que se habría traducido en "una mayor valoración catastral de la que finalmente se ha realizado", ha agregado la edil.

De esta forma, tras los cambios aprobados en la normativa estatal en 2015, que determinan que los suelos urbanizables que no cuentan con ordenación detallada (bien a través de un plan parcial o del propio plan general) seguirán tributando como rústicos a efectos catastrales, se ha realizado la revisión de valores en esta zona de la ciudad, manteniendo la consideración de rústico para los suelos urbanizables mientras no se aprueben instrumentos para su desarrollo.

En definitiva, desde el equipo de Gobierno se destaca que se ha evitado que esos suelos empezaran a tributar como urbanos y, finalmente, seguirán considerándose suelo rústico a efectos catastrales mientras no tengan ordenación detallada.

Además, la concejala ha apuntado que si el Ayuntamiento no hubiera pedido la paralización del procedimiento, los nuevos valores catastrales "se habrían empezado a aplicar ya, pero no será hasta este año precisamente porque el proceso quedó suspendido a petición del Consistorio".