La Junta de Castilla y León prevé crear entre 7.500 y 7.600 empleos a lo largo de seis meses a través de las diez líneas que forman parte del Plan de Empleo Local pactado el pasado mes de enero en el seno del Diálogo Social y que cuenta con un presupuesto de 57 millones de euros, según ha precisado la vicepresidenta y portavoz, Rosa Valdeón.

Valdeón ha ofrecido estas cifras en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha dado el visto bueno precisamente a dos ayudas directas para la aplicación de dos de las líneas de ese Plan de Empleo Local —10 millones de euros para la contratación de desempleados beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía y 3,3 millones para contratar a desempleados para trabajos forestales—.

Según ha recordado la vicepresidenta y consejera de Empleo, salvo alguna excepción, todos los contratos de este nuevo Plan de Empleo Local serán de calidad ya que la Junta acordó con los integrantes del Diálogo Social que las contrataciones sean a tiempo completo y por un periodo de 180 días para que los contratados puedan generar derechos a subsidios.

En el caso concreto de los 10 millones para la contratación de desempleados beneficiarios de la RGC el importe de la subvención asciende a 10.000 euros por contrato a jornada completa por un periodo de 180 días y los contratos deberán formalizarse antes del 1 de mayo.

Por otra parte se ha fijado un importe máximo por municipio beneficiado —los 58 municipios con un censo de más de 5.000 habitantes— que alcanza 1.500.000 euros.

Según ha explicado Rosa Valdeón, el crédito se ha distribuido en función de dos variables a partes iguales ya que, por una parte, se ha calculado en función de la media de parados registrados en el municipio durante 2015 y, por otra parte, se hace un cálculo en relación con las personas dadas de alta en el municipio como beneficiaros de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

La justificación de los contratos por parte de los municipios deberá realizarse en un periodo no superior a dos meses después de la finalización del contrato, con la fecha límite del 31 de diciembre de 2016.

Valdeón ha explicado a este respecto que la Junta prioriza el principio de que el empleo es la mejor respuesta a los desafíos demográficos para incidir en el "importante papel" que las políticas de empleo tienen en la lucha contra la despoblación y la "imprescindible coordinación" que debe existir entre las políticas de población y las de empleo.

En cuanto a las ayudas para la contratación de trabajadores desempleados para trabajos de mejora medioambiental, serán contratados por las diputaciones provinciales. Esos 3.300.000 euros servirán para financiar los costes salariales y de Seguridad Social que se deriven de los contratos de los desempleados, que intervendrán en obras y servicios de interés general, específicas en materia de prevención de incendios, y otros trabajos forestales y de mejora medioambiental.

La distribución de los fondos serán los siguientes: la Diputación Provincial de Ávila contará con 400.000 euros, la de Burgos con 350.000 euros, la Diputación Provincia leonesa dispondrá de 500.000 euros y la Diputación Provincial de Palencia gestionará 300.000.

Por su parte la Diputación Provincial de Salamanca podrá contratar trabajadores por 400.000 euros, la de Segovia tendrá un montante de 300.000, la Diputación Provincial de Soria también 300.000, al igual que la Diputación Provincial de Valladolid. Por último la Diputación Provincial de Zamora podrá contratar trabajadores con la subvención de 450.000 euros que le corresponde.

Según ha explicado la portavoz, la distribución de las subvenciones se ha realizado con el criterio ponderado que ha resultado del cálculo basado en el 50 por ciento en función de la tasa de paro de la provincia, el 25 por ciento en función de la superficie forestal provincial y el 25 por ciento restante en función del número de incendios provinciales en los últimos 5 años.

Los destinatarios de estos contratos deberán ser desempleados inscritos como demandantes de empleo en las oficinas del ECYL. En concreto se priorizarán a los jóvenes menores de 35 años, "de forma preferente a aquellos que no tengan cualificación".

Tendrán preferencia también los mayores de 45 años, especialmente aquellos que hayan agotado sus prestaciones y tengan cargas familiares y finalmente los parados de larga y muy larga duración, con especial atención a los que hayan agotado prestaciones y las personas en riesgo de exclusión social.

"En cualquier caso se valorará la experiencia en trabajos de carácter forestal y medioambiental", ha precisado también la portavoz y consejera de Empleo. Estos contratos también serán temporales con una duración mínima de 180 días a jornada completa y deberán formalizarse antes del 1 de mayo.