PSOE insta a destituir al director de Zona Franca tras la petición de siete años de cárcel por el 'caso Quality'

La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha instado al PP a "eliminar de la vida pública" a aquellas personas que están siendo investigadas por la justicia, como es el caso del actual director de la Zona Franca de Cádiz, José Manuel Fedriani, para quien el PSOE --que ejerce la acusación particular-- y la Abogacía del Estado --que representa los intereses de la propia Zona Franca-- solicitan siete años de cárcel y nueve de inhabilitación absoluta por un presunto delito de malversación de caudales públicos en el 'caso Quality Food'.

La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha instado al PP a "eliminar de la vida pública" a aquellas personas que están siendo investigadas por la justicia, como es el caso del actual director de la Zona Franca de Cádiz, José Manuel Fedriani, para quien el PSOE —que ejerce la acusación particular— y la Abogacía del Estado —que representa los intereses de la propia Zona Franca— solicitan siete años de cárcel y nueve de inhabilitación absoluta por un presunto delito de malversación de caudales públicos en el 'caso Quality Food'.

A preguntas de los periodistas en relación a la información que adelanta este miércoles la Cadena Ser sobre los escritos de acusación del 'caso Quality Food', García ha dicho que "la Zona Franca sigue sumando capítulos negros" en la provincia, al tiempo que ha criticado la "total impunidad" y la "ausencia de exigencias de responsabilidades públicas y políticas" por parte del PP.

Al respecto, ha apostillado que en ese partido —por el PP— fueron "grandes valedores de seguir manteniendo la confianza en personas" que se han visto inmersas en este proceso judicial. Por ello, ha considerado que el PP tendría que "tomar buena nota de las continuas responsabilidades que exige a los que estamos enfrente" y "eliminar de la vida pública a aquellas personas que están siendo investigadas".

El caso

Cabe recordar que la instrucción del 'caso Quality Food' se inició en febrero de 2004 e investiga un presunto quebranto millonario para las arcas del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la compra de acciones de la empresa alimentaria que ha dado nombre al procedimiento.

Tras once años de instrucción, el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz dictó en julio de 2015 el auto de imputación del empresario Manuel García Gallardo, quien fuera responsable de la empresa Quality Food, y cuatro personas de su entorno; del exdelegado de la Zona Franca Miguel Osuna y de José Manuel Fedriani, antiguo jefe de gabinete de Osuna y actual director de la Zona Franca.

Cabe recordar que Fedriani fue imputado tras declarar previamente como testigo de Osuna, quien pasó de denunciante a imputado después de siete años de instrucción del caso.

El auto del juzgado, que instaba a la Fiscalía y a las acusaciones a solicitar la apertura de juicio oral y presentar sus escritos de acusación, recogía que los acusados procedieron, entre los años 2000 y 2004, a desarrollar una conducta orientada a "desviar parte del presupuesto del Consorcio de la zona Franca de Cádiz" hacia el "patrimonio particular", creando "una trama con la que, en beneficio de sus arcas, han defraudado al erario público millones de euros".

Asimismo, destacaba que "toda esta trama y juego de corruptelas finalmente devino en el hundimiento económico de Quality cuando se descubrió que, tras la fachada de una empresa de éxito, se había creado un complejo entramado", el cual gozó a lo largo de un dilatado periodo de tiempo de "ayudas públicas y beneficios que eran desviados de forma sistemática hacia otros fines".

Escritos de acusación

Según ha adelantado este miércoles la Ser, la Abogacía del Estado ha presentado su escrito de acusación, que coincide en sus peticiones al presentado por el PSOE, al que ha tenido acceso Europa Press.

Además de multas millonarias, reclaman para Osuna y Fedriani siete años de cárcel y nueve de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos. Para García Gallardo, el PSOE eleva la petición de cárcel a 24 años, añadiendo al de malversación de caudales públicos otros delitos como estafa, falsedad documental y apropiación indebida.

Para el resto de acusados, el PSOE, que ejerce la acusación particular, solicita multas y penas de cárcel que oscilan entre los cuatro y los ocho años.

Por su parte, fuentes de la Zona Franca de Cádiz han indicado a Europa Press que "cuando haya un auto firme" tomarán las decisiones pertinentes conforme a los intereses del consorcio, al tiempo que han recordado que todavía hay un recurso de apelación presentado ante la Audiencia Provincial de Cádiz que está "pendiente de resolución".

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