El fiscal rebaja a 53 los años de cárcel para los cuatro acusados de explotar a mujeres rumanas en la prostitución

El supuesto líder de la red, que se enfrenta a 22 años de prisión, asegura que "jamás he visto a esas mujeres"
Los acusados en el juicio
Los acusados en el juicio
EUROPA PRESS
Los acusados en el juicio

El fiscal ha rebajado a 53 años las penas de cárcel que pide para los cuatro hombres que han sido juzgados esta semana en la Audiencia de Cantabria acusados de integrar una red que explotaba a mujeres extranjeras en la prostitución en tres clubes de la región, ubicados en Torrelavega y Polanco.

En un principio, el Ministerio Público solicitaba para los siete procesados un total de 165 años, es decir, más del triple de los que interesa ahora, que se reducen tanto por ser menos los acusados —uno ya fue juzgado y condenado por estos hechos en Rumanía, otro está en rebeldía y un tercero acudió al juicio sin abogado por lo que será enjuiciado en solitario— como por cambios introducidos en el Código Penal desde que ocurrieron los hechos, hace más de una década, y que modifica a la baja las penas para determinados delitos, como los cometidos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

En concreto, la Fiscalía considera que se han cometido tres delitos de detención ilegal en concurso con uno de determinación y explotación de la prostitución, otro contra los derechos de los trabajadores, y dos más contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

El mayor número de años de cárcel que pide es para el supuesto cabecilla de la organización, Ángel F.U., un total de 17, frente a los 33 iniciales, por detención ilegal y determinación y explotación de la prostitución, delito contra los derechos de los trabajadores y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Este acusado, propietario de los locales ('Holliday' y 'Centaurus', en Polanco, y el 'Rocco' en Torrelavega) ha asegurado en el derecho a la última palabra que "jamás he visto a esas mujeres. En mi vida. No sé ni cómo son", ha apostillado el supuesto líder de la trama, que ha negado haber pagado dinero para traerlas a España.

También ha ejercido este derecho a la última palabra su supuesto hombre de confianza, Joseba Iñaki B.B., que se encargaba según el fiscal de labores de gestión de los negocios y que se enfrenta a 14 años. "Me considero inocente", ha dicho, para apuntar que "el fiscal se lo tiene que creer. Es así".

Quienes no han usado este turno de palabra han sido los otros dos hombres juzgados, Sorín S., de nacionalidad rumana, que era portero y responsable de la seguridad en los establecimientos y para el que también pide 14 años de prisión, y Galo R.V., encargado de tareas de mantenimiento y que se enfrenta a 8 años, ya que éste no está acusado de detención ilegal y determinación y explotación de la prostitución.

Asimismo, el Ministerio Público pide una multa de 12.600 euros (3.150 euros cada uno) para los cuatro acusados por el delito contra los derechos de los trabajadores, y que paguen por los padecimientos físicos y morales una indemnización de 12.000 euros a cada una de las tres mujeres rumanas declaradas testigo protegidas, una de las cuales declaró en el juicio por videoconferencia desde Rumanía.

De igual modo, el fiscal pide la clausura definitiva del club 'Holliday', y de las empresas que explotaban este negocio y los otros dos, así como la prohibición a los procesados de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios relacionadas con los delitos enjuiciados.

Por su parte, las defensas de los cuatro acusados han mostrado su disconformidad con el relato de la Fiscalía y las delitos y penas solicitadas, y han pedido la libre absolución de sus patrocinados. Asimismo, han solicitado que se aplique la atenuante de las dilaciones indebidas, al haber pasado once años desde que ocurrieron los hechos.

Fiscalía y defensas

Sin embargo, el fiscal considera que los cuatro procesados, bajo la "jefatura" de Ángel F.U., se dedicaban a traer (de forma ilegal en el año 2005, aunque ahora no) a mujeres rumanas a España, para trabajar sin contrato ni residencia, y a las que amenazaban para obligarles a ejercer la prostitución.

En sus conclusiones, el fiscal ha insistido en que Ángel F.U. era el "jefe" de esta "pequeña" organización criminal dedicada, entre 2005 y 2006, a traer mujeres extranjeras encargadas (o aceptadas) por él, a través de un contacto en Rumanía, el hombre que fue juzgado y condenado por los hechos y que ha declarado en la Audiencia de Cantabria como testigo.

También se ha referido a la declaración de la testigo protegida que manifestó que las habían traído a España con "engaños", ya que aseguró que les dijeron que iban a trabajar como camareras en un club, pero no de prostitutas.

También ha destacado la parte de su versión referente al encuentro que las seis mujeres que venían en un microbús desde Rumanía mantuvieron antes de llegar a Torrelavega con el cabecilla de la red, que fue presentado como su "jefe" y que en presencia de ellas pagó al rumano que las acompañaba -el contacto en ese país- cerca de 2.600 euros.

Una vez en el club torrelaveguense, ha proseguido el fiscal, se las requirió "abruptamente" para que trabajaran y bajo amenazas de muerte -a ellas y su familia en Rumanía- se prostituyeran y poder así pagar la deuda contraída por el viaje. Y aunque algunas se negaron a mantener relaciones sexuales con los clientes, "las traían para eso", ha señalado el fiscal.

Al hilo, ha aludido a la declaración del contacto en Rumanía y de una de las mujeres que viajó en el autobús, que aseguraron ambos que "sabían que venían a España a prostituirse". En este sentido, cree que sus versiones no tienen "ninguna credibilidad", pues la mujer dijo que pagó 200 euros por el viaje, cuando el hombre aseguró en cambio que lo pagó él "todo".

La defensa del supuesto jefe de la organización ha pedido que sólo se tenga en cuenta la declaración de la testigo protegida por videoconferencia, y no las que prestaron las otras dos mujeres en su día ante la policía, ya que entonces no estaban presentes los abogados de las partes.

Este letrado ha manifestado sus "sospechas" de que estas mujeres y sus declaraciones están "teledirigidas", ya que si bien describen al cabecilla como un hombre de 30 años y pelo negro, este acusado es más adulto y "calvo de toda la vida", por lo que ha cuestionado que la testigo de referencia, la que declaró por videoconferencia, le reconociera en el juicio.

También ha aludido a la manifestación de la mujer, que dijo no ser "testigo", sino "víctima", y que exigió que le pagaran. A su juicio, las afectadas quieren "vivir a costa de unos señores que no han cometido ningún delito para vivir en Rumanía como unas majarás".

De todas formas, ha resaltado que esta mujer no tuvo "ningún trato" con su cliente, al que esta situación -ha dicho- ha causado un cáncer, por llevar más de una década "condenado al banquillo". De hecho, el procesado pidió el primer día del juicio, el pasado lunes, poder ausentarse en la jornada del martes, al asegurar que iba a recibir su primera sesión de quimioterapira.

En cuanto a su otro patrocinado, Galo R.V., el encargado del mantenimiento, este abogado ha considerado que la Fiscalía no ha practicado "ninguna prueba" para probar la acusación contra él.

La defensa del Joseba Iñaki B.B., el supuesto gestor de los negocios en los clubes de alterne, ha señalado que éste no tuvo "ninguna relación" con estos hechos, sino que era "una cabeza visible necesaria".

La abogada del portero ha señalado igualmente que Sorín S. "no cometió ninguno de los delitos" de los que está acusado, y ha apuntado al respecto que su implicación en la causa es "circunstancial" y obedece a una "enorme confusión", pues se llama igual que otro hombre que sí podría tener relación con los hechos y que trabajaba como encargado de uno de los locales.

Así, las defensas han pedido la absolución de los acusados y la Fiscalía ha ratificado los delitos aunque ha rebajado las penas.

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