"La operación se gestó al margen del Gobierno de la nación". ha sido la respuesta que ha dado la exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, al diputado de Podemos, Antonio Urbina, cuando le ha inquirido en la comisión que investiga la construcción y puesta en marcha de la desaladora de Escombreras si se le pidió ayuda por parte del Gobierno regional para que la desaladora funcionara mejor.

"Se gestó al margen del Gobierno de la nación. Cuando he leído la ley del Gobierno regional, veo que nos quería allí. Podía haberse previsto que hubiese un vocal de la Confederación, pero no se decía nada", ha aclarado.

La exministra socialista ha asegurado que durante su comparecencia ante la desaladora de Escombreras en la Asamblea Regional ha quedado claro que el Gobierno de la nación no justificó la construcción de la planta desaladora de Escombreras. "Fue una decisión autónoma del Gobierno regional nadie nos pidió autorización ni para crear el Ente Público del Agua ni la desaladora" ha advertido.

Narbona ha reiterado que el PP ha querido convertir la comisión en una comparecencia para "poner las culpas sobre el PSOE", a lo que ha reiterado que el Gobierno nacional no entró en las decisiones que englobaban la desaladora. Asimismo ha dejado claro que la planta "no envenena a nadie ni es agua desmayada" y espera que de la comisión salga un "consenso social y político en la materia que sea bueno para la Región".

Ha informado de que en otras comunidades autónomas se desarrolló una delimitación de las cuencas internas, algo que no se hizo en Murcia, aunque la ley con la que se creó el EPA hace mención al potencial para desarrollar esas competencias.

Del mismo modo, señala que la ley de creación del Ente Público del Agua "no tiene ningún contenido que sea contrario a ninguna legislación vigente", aunque ha sembrado la duda de que "otra cosa es cómo se ha utilizado o qué operaciones se hayan hecho. La ley de agua no hablaba de desaladoras".

La exministra reformó la Ley de Aguas para introducir la obligación de los ayuntamientos de pedir autorización a las confederaciones hidrográficas para aprobar nuevos planes urbanísticos.

Al inicio de su comparecencia ha agradecido a la Asamblea que se le haya invitado a comparecer en la Comisión de investigación sobre la puesta en marcha y funcionamiento de la planta desaladora de Escombreras.

Según ha informado a los parlamentarios, ha acudido al parlamento regional para "clarificar" cuál era el contexto social económico y político en el que se gestó la construcción y puesta en marcha de la desaladora. Si bien, ha incidido en que tiene un "conocimiento escaso" de la planta, pues esta recibió la autorización de entrar en funcionamiento en 2009 fecha en la que ella ya no estaba en el Gobierno nacional.

La exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha insistido, asimismo, que peleó "hasta la última gota" que se podía derivar a la cuenca del Segura y que no cedió ante las presiones que recibió para acabar con el trasvase Tajo-Segura.

"No había por mí una parte fundamentalista en contra de los trasvases", ha recordado a los diputados antes de asegurarles que el agua del Ebro habría tardado en llegar "mucho más" de lo que se tardó en construir las desaladoras. Considera que había una demanda "de carácter especulativo" motivada por la burbuja inmobiliaria.

Narbona ha explicado que era el Ministerio el que respondía a las demandas de agua y que estas estaban garantizadas en un horizonte temporal 2020 para el consumo urbano; "otra cosa es que se quisiera recalificar suelo con certificación de que el agua fuera a estar disponible antes para garantizar la necesidad asociada a un desarrollo urbanístico de algún tipo".

Sobre esta cuestión se le ha insistido para conocer si la Región estaba poniendo demasiado énfasis en el desarrollo urbanístico, a lo que ha contestado que "es cierto que caminaba por las calles con una chapa que ponía 'Murcia no se vende'. Hasta aquí podíamos llegar".

La exministra se ha mostrado "muy beligerante" con respecto a la burbuja inmobiliaria y ha incidido en que las competencias en ordenación territorio son de las Comuidades Autónomas.

"Esta Región fue la que más visité siendo ministra y reiteré de un riesgo grave de poner énfasis en desarrollos sostenibles en una Región que tenía un potencial más sostenible", ha asegurado.

A preguntas del socialista Jesús Navarro Narbona ha desmentido las afirmaciones de anteriores comparecientes en las que se indicaba que una planta privada sería más rápida que una pública. La exministra ha asegurado que una planta privada "no tiene por qué ser más rápida que una pública, ya que se les requiere el mismo papeleo". Además, ha negado recordar haber tenido conocimiento de la construcción de la desaladora por parte del Ente Público del Agua.

"Lo que hubo fue una inauguración virtual en 2007, sin producir ni una gota de agua y un arranque en 2009, cuando se recibió la autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura", aunque en esta última fecha ella ya no era ministra.

Según asegura, su responsabilidad en este asunto fue "desarrollar una alternativa al trasvase del Ebro porque los informes eran negativos, pero no se dijo para no poner en un aprieto al señor Aznar", ha respondido a los requerimientos del popular Juan Guillamón que le ha pedido que le confirmara que no se habían perdido fondos de la Unión Europea con la derogación el trasvase del Ebro.

En su intervención ha recordado que sufrió ataques físicos en la Comunidad Autónoma y que el Gobierno regional quería demostrar que el gobierno nacional tenía una enemistad con los murcianos y que por ese motivo se quería derogar el trasvase del Ebro.

"Había informes de la Comisión Europea que eran negativos a este trasvase. Nosotros quisimos desarrollar una alternativa que incluía acciones de distinto tipo para garantizar el agua".

Durante su intervención, Narbona ha reprochado al PP que el retraso de la desaladora de Torrevieja "ha costado la pérdida de fondos europeos" y ha tenido que financiarse con un crédito del BEI.

Asimismo, los populares han aludido a informes que indican que el Segura es el río mejor saneado y que consume menos agua, a lo que se han interesado sobre si la solución real pasaba por el agua desalada.

"En términos ecológicos también se sabe que los expertos ven carencias, aunque está más limpio. Yo no he dicho que la desalación sea la única solución", ha contestado la exministra socialista al tiempo que ha culpado al PP por reducir la inversión para distribuir el agua de las desaladoras y les ha reprochado la rebaja de los caudales que se reflejan en el Memorándum del Tajo.

El PP ha añadido a sus críticas que las plantas del Ministerio "no están funcionando a pleno rendimiento", a lo que la socialista ha apuntado que la de Escombreras "tampoco ha funcionado al cien por cien", aunque incide que desaladoras como la de Valdelentisco ha ido ampliando su producción a medida que crecía la demanda de los regantes.

Por su parte, desde Ciudadanos han recordado las declaraciones del exconsejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, en las que se lamentaba que la Confederación Hidrográfica del Segura negaba a los ayuntamientos la certificación para aprobar sus planes urbanísticos limitando su autonomía y se le ha expuesto si el Ente Público del Agua fue una estrategia para sortear la Ley de Aguas.

"Cerdá lo dejó claro. El Ministerio hizo una inversión para garantizar 120 hectómetros cúbicos, mientras que Escombreras ha aportado cantidades ridículas", ha señalado antes de añadir si con esa planta pretendía Cerdá resolver el problema.