El grupo de Ciudadanos (C's) en el Parlamento andaluz considera que de las primeras comparecencias en la comisión de investigación creada en la Cámara autonómica relativa a las concesiones de las subvenciones otorgadas por la administración de la Junta en materia de formación profesional para el empleo desde 2002 a la actualidad se desprende la "absoluta falta de rigor" que ha habido al respecto de los cursos de formación en Andalucía, al tiempo que considera "bastante decepcionante" la declaración, en dicha comisión este martes, del ex interventor general de la Junta Adolfo García Fernández.

Así lo ha puesto de manifiesto la parlamentaria de Ciudadanos Marta Bosquet, quien, en una rueda de prensa este miércoles en el Parlamento para valorar las primeras comparecencias —las de los ocho interventores provinciales de la Junta y la referida del ex interventor general—, ha afirmado que está quedando "probado" que la comisión de investigación "impulsada por Ciudadanos está siendo de total utilidad", y con ella esperan no sólo encontrar "responsables políticos de este desorden", sino también que sirva para sacar "soluciones y llevar a cabo los cambios que necesita este procedimiento de control".

Igualmente, y en compañía del presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos en la Cámara andaluza, Juan Marín, Bosquet ha indicado que "más de uno debiera de morderse la lengua cuando decía que Ciudadanos no iba a ser imparcial ni iba a tener neutralidad a la hora de estas comparecencias", porque su postura en la comisión "está siendo clara" y persigue como "único fin" el de "buscar la verdad, arrojar luz y depurar responsabilidades políticas que han sucedido".

Ha insistido en que tras las primeras comparecencias se ha puesto de manifiesto "la falta absoluta de control y de rigor que ha existido sobre los fondos millonarios que se han dado", y ha expresado su preocupación por que se haya producido un "menoscabo de fondos para las arcas públicas en los expedientes que hayan podido prescribir".

"Es más que posible que exista esa posible prescripción de los expedientes de reintegro y, en consecuencia, el menoscabo de fondos públicos que se haya podido ocasionar", ha aseverado Bosquet, que se ha detenido en comentar algunos de los aspectos que más le han llamado la atención de las declaraciones de los interventores provinciales.

Así, ha señalado que el de Almería puso de manifiesto la "escasez de medios y recursos materiales y humanos con los que cuenta la intervención de cada provincia para hacer su labor" al afirmar que "había siete funcionarios para 20.000 expedientes", o que el de Cádiz apuntó que "la normativa era bastante mejorable".

El de Córdoba, según ha añadido, trasladó la "falta de proactividad" por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y el de Granada manifestó que "no podían irse 'de rositas' los beneficiarios", algo que desde Ciudadanos hacen extensible también a "la administración", donde "habrá personas con nombres y apellidos que habrán sido responsables de la situación".

Igualmente, ha subrayado que el de Huelva "dijo que existía un menoscabo de fondos con seguridad", y que "había irregularidades en el 100 por cien de los expedientes" analizados, lo que a la diputada de Ciudadanos le lleva a "presagiar que prácticamente la totalidad de los expedientes presentan esa irregularidad".

Declaración del ex interventor general

Preguntada por la declaración del ex interventor general, Bosquet ha incidido en que le "sorprendió bastante porque había infinidad de cuestiones que no recordaba", y "es difícil que no se acuerde cuando él mismo había firmado los informes de actuación", según ha apostillado antes de calificar de "bastante decepcionante" su comparecencia.

Así, ha señalado que su declaración no sólo es que "no casara con las de intervenciones provinciales, sino tampoco con su propio informe", de modo que con sus palabras intentó "matizar bastante, o no vino a aseverar lo mismo que previamente había puesto en sus informes de actuación".

En todo caso, Bosquet ha rechazado sacar conclusiones definitivas de la comisión cuando solo se ha escuchado a nueve de los 69 comparecientes propuestos inicialmente, y cuando cabe la "posibilidad de que haya una segunda tanda de comparecientes e inclusive una segunda vuelta a la luz de lo que digan los comparecientes", que pueda motivar que "haya que volver a llamar a algún interventor que otro".

Para Bosquet, "si algún partido simplemente con tres comparecencias tiene ya hechas unas conclusiones deja mucho que desear", porque "hay que escuchar a todos" y sacar ya unas conclusiones resultaría, en su opinión, "precipitado e irresponsable".