La juez Núñez cita a declarar como investigado este miércoles a un responsable de Egmasa por el caso ERE

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha citado a declarar este miércoles en calidad de investigado a un responsable de la empresa pública Egmasa a cuenta de su presunta intervención en el ERE aprobado en 2003 y que afectaba a 373 trabajadores, ascendiendo lo pagado por la Junta a 21,6 millones de euros.

En una providencia fechada el 22 de febrero, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada atiende así la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción para que modificara la condición procesal de Pedro García González, que fue jefe de división de Recursos Humanos de Egmasa, y le citara a declarar en condición de investigado y no de testigo.

De este modo, la instructora suspendió el señalamiento para declarar en calidad de testigo previsto inicialmente para el pasado día 25 de febrero y lo cita a declarar como investigado este miércoles, a partir de las 10,30 horas, con lo que el número de encausados por el ERE de Egmasa asciende ya a 17 personas.

En su escrito, el Ministerio Público consideraba "necesario" modificar la condición procesal de este responsable de Egmasa y que se le recibiera declaración en condición de investigado y no de testigo "como medida adecuada para la garantía de sus derechos procesales y de defensa, al tener que ser preguntado por hechos que le pueden resultar incriminatorios, habida cuenta de lo manifestado por los otros investigados sobre su papel en los hechos".

Durante el mes de febrero, la juez citó a declarar como investigadas a un total de 16 personas por el ERE de Egmasa, entre ellas los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera, los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, o el sindicalista de CCOO Antonio Perianes, que negaron haber tenido intervención o participación alguna en este ERE.

En concreto, Viera, a quien la juez Núñez atribuye presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, subrayó que no participó ni en la ayuda ni en el ERE de Egmasa, ya que "no conocía" la existencia de la misma.

Asimismo, indicó que la tramitación de las ayudas era competencia directa del director general de Trabajo —que en su época fue Francisco Javier Guerrero—, que en ocasiones le daba cuenta de algunas ayudas dada su importancia, como en el caso de la Faja Pirítica de Huelva o Santana Motor.

Asimismo, el exconsejero puso de manifiesto que ha sido ahora cuando se ha enterado de la cantidad de la ayuda a Egmasa y añadió que desconocía que hubiera problemas en esta empresa pública.

De igual modo, explicó que, como presidente del antiguo IFA (actualmente agencia IDEA), no se acuerda de que se diera cuenta de esta ayuda a Egmasa en el Consejo Rector.

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