El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado, por unanimidad, algunos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) por entender que invaden competencias de las Comunidades Autónomas.

En una resolución de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Ollero, el TC considera inconstitucional también uno de los aspectos de la norma porque regula un asunto que no debía legislarse a través de ley orgánica.

El Constitucional ha tomado esta decisión tras admitir, parcialmente, un curso de inconstitucionalidad formulado por la Asamblea de Extremadura. La finalidad de la norma era la de garantizar "la eficiencia en el uso de los fondos públicos locales" y racionalizar la Administración "para asegurar su sostenibilidad y el cumplimiento de las exigencias de estabilidad presupuestaria".

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