Los líderes de la Unión Europea han alcanzado un principio de acuerdo sobre las nuevas reclamaciones de Turquía para frenar el flujo hacia Europa de inmigrantes irregulares y de refugiados, incluidos los sirios. Esas reclamaciones incluyen 3.000 millones de euros para 2018, que se sumarían a los 3.000 millones comprometidos el pasado mes de octubre, y agilizar la liberalización de visados.

Los Veintiocho pasaron prácticamente por alto cuestiones como la confiscación del diario Zaman y no dudaron en aceptar la deportación de personas procedentes de Siria, pese a venir de un país en conflicto y a su derecho de solicitar asilo para recibir protección internacional. Los líderes se centraron así en el nuevo plan que a última hora puso sobre la mesa el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, para motivar la cooperación con la UE.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y Davutoglu ya habían acordado el pasado jueves que Turquía aplicaría el acuerdo bilateral de readmisión con Grecia para todos los inmigrantes que no necesiten protección internacional, así como para aquellos interceptados en aguas turcas. De ahí que las nuevas propuestas turcas cogieran por sorpresa a algunas delegaciones, como a la sueca, que dijo no tener el mandato para tomar una decisión sin consultar con su Parlamento nacional. Sumado el rechazo sueco a la oposición de Hungría y de los demás miembros del grupo de Visegrado —República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría— sirvió para impedir cerrar este capítulo.

La canciller alemana, Angela Merkel, negó que el plan turco haya sido redactado por una mano germana, al asegurar que "es exclusivamente de Turquía", al tiempo que desvinculó la iniciativa de las elecciones regionales que se celebran el domingo. Fuentes europeas admitieron sin embargo que las nuevas ideas turcas fueron cocinadas en petit comité entre Davutoglu, la propia Merkel, y el primer ministro holandés, Mark Rutte, cuyo país ocupa la presidencia de turno del Consejo de la UE.

Ankara se compromete por este acuerdo a aceptar la devolución de "todos los inmigrantes irregulares que crucen desde Turquía a las islas griegas siempre que la UE se haga cargo de los costes" de repatriación, según la declaración conjunta de los mandatarios europeos. Por cada sirio que readmita Turquía desde las islas griegas, otro sirio será reubicado desde Turquía a los Estados miembros de los UE.

Preguntado por la legalidad de esta cuestión, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, aclaró que la normativa europea sobre procedimientos de asilo abre la puerta a soluciones de este tipo, en las que un Estado miembro puede rechazar estudiar una petición de asilo si considera que el país no comunitario al que se deriva el caso es un país seguro, como es el caso de Turquía para Grecia.

A cambio de las "concesiones" turcas, la UE acepta adelantar, a más tardar a finales de junio, la liberalización de visados y a antes de finales de marzo el desembolso de los 3.000 millones de euros acordados inicialmente para los refugiados para 2016 y 2017. Los Veintiocho también prometen tomar una decisión sobre "financiación adicional".

Los socios europeos aseguran asimismo que prepararán "lo antes posible" la apertura de cinco capítulos nuevos en el proceso de adhesión de Turquía a la UE. Además aceptan "seguir considerando" la posibilidad de establecer zonas humanitarias seguras en Siria.

En paralelo, los líderes se comprometen a poner fin a la política del "dejar pasar" a inmigrantes y refugiados y dejaron claro que "los flujos irregulares de inmigrantes en la ruta de los Balcanes occidentales han terminado". Los líderes comunitarios volverán a reunirse la próxima semana con Davutoglu, y hasta entonces se comprometen a trabajar sobre los seis aspectos de la nueva propuesta turca.

Las críticas al acuerdo no se han hecho esperar. Amnistía Internacional lo ha calificado de "inhumano" y ha considerado que presenta "defectos morales y legales". La organización dijo en un comunicado que la "preocupación persistente" por enviar a la gente de vuelta a Turquía en vez de "hacer esfuerzos incondicionales sobre la reubicación" y ofrecer otras formas seguras y legales para Europa, muestra una actitud "alarmante y miope".

"Los líderes de la UE y de Turquía han incurrido en "un regateo apartado de los derechos y la dignidad de algunas de las personas más vulnerables del mundo", denunció la directora de AI en las instituciones europeas, Iverna McGowan.