El Defensor del Pueblo Andaluz pide una ley andaluza que "garantice" el derecho a no verse privado del suministro de agua por razones económicas y a recibir "de forma gratuita" un suministro mínimo vital cuando la situación económica así lo requiera, porque el agua "es un derecho humano básico".

Esta es una de las conclusiones que se desprenden del 'Informe Especial del Defensor del Pueblo Andaluz relativo a los servicios de suministro de agua, garantías y derechos', publicado este lunes en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) y cuya tramitación se llevará a cabo en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Así, en las conclusiones del capítulo cinco de dicho informe relativo a 'Pobreza hídrica y mínimo vital', consultadas por Europa Press, la Defensoría señala que el agua "es un derecho humano básico, por tanto, nadie debería verse privado de su suministro por razones económicas", un derecho que, a su juicio, la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía "debería incluir".

De este modo, asegura que el reglamento de la Ley de Aguas debería

contemplar "la prohibición expresa de cortar el suministro de agua a aquellas personas que acrediten encontrarse en situación de pobreza hídrica por no poder hacer frente al pago del suministro". Asimismo, apunta que "debería regularse por norma legal o reglamentaria" el derecho de esta personas "a recibir un suministro mínimo vital de tres metro cúbicos por persona y mes de forma gratuita".

Además, la Defensoría apuesta por que aquellas personas en situación de precariedad económica que carezcan de medios para afrontar el pago de la parte de la factura de agua que no resulte cubierta por el suministro garantizado como mínimo vital o no reúnan los requisitos para ser beneficiarias de dicho mínimo vital, "deberían tener derecho a beneficiarse de ayudas que impidan que caigan en una situación de impago que pueda derivar en un corte de suministro".

Dichas ayudas, continúa, "deberían ser sufragadas principalmente por las empresas suministradoras, incluyéndolas en un fondo social que se incorporaría como un concepto más de coste a sus presupuestos de gastos, complementándose, de resultar necesario, con los fondos que para ayuda social de emergencia gestionan los servicios sociales y con las ayudas para suministros mínimos que financia la Junta de Andalucía".

En todo caso, el Defensor considera que dichas ayudas deberían ser gestionadas por los servicios sociales, a quienes correspondería determinar qué familias reúnen los requisitos para ser beneficiarias y cuál es el importe de ayuda que les corresponde percibir, toda vez que asegura que la concesión de dicha ayudas "debe ser revisada periódicamente".

Las ordenanzas "deberían incluir bonificaciones"

De la misma manera, afirma que las ordenanzas reguladoras del servicio de agua "deberían incluir bonificaciones" en sus tarifas, destinadas a reducir el coste del suministro para aquellos colectivos de usuarios en situaciones de desfavorecimiento social por sus circunstancias personales", y que dichas bonificaciones "deberían estar referenciadas al principio de capacidad económica y establecer limitaciones a su percepción en función del nivel de renta".

"Entre estos colectivos podrían encontrarse las familias numerosas, las personas con discapacidad o en situación de dependencia, las personas jubiladas o pensionistas, las personas en situación de desempleo o las mujeres víctimas de violencia de género", concluye el Defensor .