La nueva Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), cuya puesta en funcionamiento ha sido presentada este lunes en Cuenca, garantiza que una persona que haya sido objeto de un proceso judicial "no pueda dejar su patrimonio, el resultado del delito, al margen de la responsabilidad", según ha explicado el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá.

En declaraciones a los medios de comunicación realizadas después de la reunión que ha mantenido con representantes de diferentes órganos jurisdiccionales e instituciones que colaborarán en el proyecto, Catalá ha recordado que éste forma parte del conjunto de reformas que el Gobierno central ha aprobado a lo largo de la última legislatura en materia de lucha contra la delincuencia.

Unas reformas que, ha dicho, aseguran que "no volverá a suceder nunca más" el que haya personas capaces de situar, mediante testaferros, sociedades interpuestas o localización en paraísos fiscales, el fruto económico del delito, "al margen de su responsabilidad".

"Si en algún momento ha sucedido en el pasado, no volverá a suceder nunca más", ha insistido para, a continuación, afirmar que la ORGA garantizará la localización de dicho patrimonio y que la subasta de dichos bienes "permitirá el pago de las indemnizaciones y resarcimientos de daños causados".

Una oficina, ha abundado Catalá, que se une a las modificaciones llevadas a cabo en el Código Penal o la LECrim en relación a la figura del decomiso merced a las cuales "se amplía notablemente la posibilidad de incautar bienes a las personas que han sido condenadas por este tipo de delito" y que actuará a instancia de los diferentes órganos judiciales como oficina "colaboradora auxiliar de la Justicia".

"Los juzgados, que tramitan las causas en que se dan ese tipo de circunstancias, son los que tienen que encomendarle la gestión de esos patrimonios y bienes embargados o incautados", ha subrayado.

Hasta ahora era la administración de Justicia quien, de forma directa, llevaba a cabo esta labor "con recursos muy insuficientes", ha admitido Catalá, quien ha destacado que, a partir de su puesta en marcha, la oficina colaborará con la Justicia para hacer "más eficaz esta gestión".

En cuanto a las motivaciones que han llevado a elegir Cuenca para la implantación como experiencia piloto de este recurso que se trasladará "inmediatamente" a todo el territorio nacional, el titular de Justicia ha citado su número de órganos jurisdiccionales, su volumen de población o su tipo de delincuencia.

A ello ha añadido un conjunto de "circunstancias organizativas, de tamaño, de número de órganos judiciales y de tipo de delincuencia" así como la "muy buena disposición" por parte de jueces, fiscales y funcionarios que hacían "bastante razonable" su implantación en esta provincia, donde, ha recordado, también comenzó como experiencia piloto la implantación del expediente judicial electrónico o la oficina judicial.

A la reunión de presentación de la ORGA han asistido representantes del Consejo General del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, el fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, o la fiscal jefe de Cuenca, María Isabel Gómez.

Además, han estado presentes personal del Ministerio de Interior, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, y el subdelegado del Gobierno en Cuenca, Federico Pozuelo.