La Federación de Exportadores Hortofrutícolas de la provincia de Las Palmas, Fedex, estudiará la posibilidad de reclamar al Estado responsabilidad patrimonial por los daños causados al sector después de que el Tribunal Supremo (TS) emitiera una sentencia en la que daba la razón a los tomateros, que tuvieron que devolver los 8,3 millones que fueron los concedidos en ayudas directas al transporte correspondientes a 2003, a lo que se sumaron otros 3,5 millones por los intereses.

Ahora, trece años después, el Gobierno deberá reintegrar dichas ayudas —algo más de 12 millones de euros— al entender el TS que la organización "no 'infló los fletes' del transporte" en la campaña 2002-2003.

Así se puso este lunes de manifiesto durante una rueda de prensa que contó con la participación del presidente de Fedex, José Juan Bonny; y los abogados de los servicios jurídicos de la federación, Jorge Gutiérrez, Rodrigo Marrero y José Miguel López.

Este litigio se generó hace unos trece años cuando el Ministerio de Economía y Hacienda abrió un expediente de reintegro de cantidad y reclamó a la Federación un total de 8,3 millones que fueron los concedidos en ayudas directas al transporte del tomate, a lo que se sumaban otros 3,5 millones de euros por los intereses generados por la supuesta deuda.

Sin embargo, Fedex optó por recurrir la resolución ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que dio la razón al Estado; aunque en la sentencia de este 2016, el TS anula la resolución del TSJC y da la razón a los tomateros, que deberán ver reintegradas las cantidades que tuvieron que abonar tras el fallo del TSJC.

Empresas y puestos de trabajo que se quedaron "por el camino"

"Estamos muy satisfechos con el resultado de la sentencia, que al final nos ha venido a dar la razón en que no hemos cometido fraude y que los datos que se suministraron en su día eran los correctos", manifestó Bonny, que agregó que lo malo de esta situación es la cantidad de empresas que se han "quedado por el camino" y la pérdida de "muchísimos puestos de trabajo".

En este sentido, el sector ha sufrido un descenso tanto en número de empresas como en toneladas de producción y empleos durante los últimos años. En la campaña 2002/2003, en Canarias habían 50 empresas y 16.560 puestos de trabajo, frente a las 18 compañías que existían en 2014/2015 y los 5.963 empleos que aportaban a la economía regional.

Por provincias, en Las Palmas había 31 empresas en 2002/2003, por las 13 existentes en 2014/2015; y en Santa Cruz de Tenerife se ha pasado de 19 compañías a unas cinco.

Aunque Fedex no cuenta con datos concretos de cuántas entidades cerraron por culpa de la devolución de las ayudas al transporte de la campaña 2002/2003, Bonny destacó que esta situación fue el "detonante" de que el sector "fuera para atrás año tras año".

"Las cantidades [abonadas] eran muy importantes y había que hacer frente todos los años a un pago de más de un millón de euros que salía de la caja de cada cosechero exportador", matizó.

Pedir responsabilidades al estado

Cuestionado por si Fedex piensa denunciar al Estado por los daños causados al sector, el abogado Jorge Rodríguez matizó que exigir responsabilidad patrimonial es una posibilidad que siempre existe en este tipo de casos. "Es un procedimiento que no es sencillo —dijo—. Hay que analizarlo bien".

Al respecto José Miguel López comentó se van a defender los intereses de Fedex "hasta el final". "En la medida en que veamos que es viable y factible —explicó—, entenderemos que se deberá proceder a la reclamación pero ahora lo que procede es tomar las cosas de forma sosegada, analizarlo bien y ver qué opciones y qué pasos hay que seguir".

Aquí, Bonny hizo especial hincapié en que si hay algún resquicio para exigir al Gobierno que reponga los daños ocasionados durante los últimos trece años, la Federación apostará por ello. "Desde luego que sí", aseveró.

"nos decían que estábamos tirando los tomates a mitad de camino para cobrar"

Por otra parte, y al ser preguntado por la actitud del Estado, que les acusó de quedarse con el dinero de las ayudas y que nos les dio ninguna prueba, el presidente de Fedex expuso que la funcionaria de entonces que estaba a cargo del departamento de Fomento "nos debía haber tenido una rabia enorme para actuar de la forma en la que actuó".

"Actuó sin aportar prueba alguna de que estábamos falseando los fletes. También, en una inspección, los funcionarios de Fomento nos decían que estábamos tirando los tomates a mitad de camino para cobrar la subvención, cuando no tienen ni idea de lo que vale cosechar un kilogramo de tomates", declaró.

Bonny concluyó recordando que lo que los tomateros canarios piden es una subvención para competir en igualdad de condiciones que los peninsulares. "Usted me tiene que poner en Cádiz —añadió— para competir en los agricultores de Almería. Esa es la cuestión".

Con todo, Fedex explicó que los tomateros canarios tienen que realizar un total de once movimientos operativos para llevar los productos hasta el destino en Península o Europa, mientras que los peninsulares tan sólo deben hacer un movimiento.