El grupo de rap Violadores del Verso ha emitido

un comunicado denunciando la irrupción de la Policía Local de Tarragona a la finalización del concierto que tuvo lugar la semana pasada en el marco de

las fiestas de Sant Magí. El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Tarragona, Carles Castillo, ha afirmado que

la policía actuó "correctamente", sin desmentir lo denunciado por el grupo de música aragonés.

En

el escrito de Violadores del Verso, después de manifestar que el concierto se desarrolló "en la más completa normalidad y que en ningún momento se produjo incidente alguno", ante 8.000 personas,

el grupo destaca que se quedaron "estupefactos ante la irrupción de la Policía Local" en los camerinos y que en todo momento intentaron dialogar con los agentes.

Como consecuencia de esta "irrupción" el grupo de rap extrae tres lecturas, según han confirmado en el comunicado: sentar un "peligroso precedente" al entrar la policía en los camerinos "sin ningún motivo"; aprovechar la ocasión para manifestar que están "a favor de la legalización del uso individual de drogas", recordando que

Violadores del Verso no han hecho nunca, en sus conciertos, "apología de nada"; y mostrar con cierta sorpresa que todavía

hay "gente de mente retrógrada que no termina de creer en la libertad de expresión", y que en consecuencia les molesta sobremanera lo que dicen las letras del grupo más famoso de rap español.

Castillo por su parte ha explicado que

la denuncia se ha efectuado "como en cualquier otro caso igual" ya que

"no es un comportamiento adecuado" -el fumar marihuana en el escenario de un concierto- y si se lleva a cabo "se deben asumir las consecuencias como hacen otros artistas".

El concejal de Seguridad Ciudadana de Tarragona ha desmentido el "apoyo total" que afirma el grupo que recibió de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Tarragona "antes, durante y después del concierto", según

el comunicado de Violadores del Verso donde se añade que incluso

"después de que se produjeran los incidentes con la Policía Local tarraconense, la solidaridad de los responsables de Cultura se mantuvo intacta".

La multa -de un máximo de 600 euros- interpuesta por la policía es administrativa y la está tramitando la

subdelegación del Gobierno.