El Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva comenzará a finales de este mes de marzo a tomar declaraciones a todas las personas relacionadas con el expolio en parte del yacimiento arqueológico Santa Marta-La Orden con el fin de depurar responsabilidades, tras los movimientos de tierra que sufrió la zona el pasado mes de diciembre, según han informado a Europa Press desde la Fiscalía Provincial.

En concreto, el juez citará a responsables de Bekinsa, propietaria de los terrenos afectados, y de la empresa encargada de los movimientos de tierra, así como a testigos y denunciantes de los hechos, como el arqueólogo Diego González, en una zona inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz dentro de la Zona Arqueológica de Huelva, siendo por tanto Bien de Interés Cultural (BIC), desde 2007.

Cabe recordar que, según un informe realizado por la Junta de Andalucía, en parte de este yacimiento se llevaron a cabo importantes movimientos de tierras —con rebaja del terreno de hasta cinco metros— en las cuatro parcelas, en las que se aprecian estructuras arqueológicas cortadas y restos materiales arqueológicos sobre todo en una de éstas, que no había sido objeto de intervención arqueológica previa a diferencia de las otras. El Ayuntamiento, por su parte, también abrió cuatro expedientes sancionadores a estas empresas.

Además, como medida cautelar, el juez ha acordado una intervención arqueológica en la zona que realizarán profesores de la Universidad de Huelva (UHU), expertos en la materia, bajo la supervisión de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Huelva, que posteriormente actuarán como peritos del juzgado.

El fiscal recuerda que dicha actuación fue realizada por una empresa, a su vez contratada por la UTE, que acomete las obras de la nueva estación ferroviaria y que por ello necesitaba aporte de tierras-áridos.

A finales del pasado mes de enero la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía estableció una primera valoración económica previa y provisional del daño causado por estos movimientos de tierra, que alcanza los 302.590 euros.

En este mismo informe, la Junta incidió en una intervención arqueológica realizada en los años 2007-2008 que permitió constar la existencia en el lugar de diversas necrópolis de hasta 5.000 años de antigüedad —neolítica, calcolítica, de la edad del bronce, tardorromana y medieval-islámica—. Del mismo modo en 1998, en una de estas zonas, se llevó a cabo una intervención arqueológica de urgencia, documentándose una estructura de almacenamiento de época islámica y también pudieron recogerse materiales de la Edad del Cobre.

Sin autorización

A su vez, el citado informe precisaba que dichos movimientos "carecen de la autorización previa y preceptiva" de la Consejería de Cultura y han supuesto "la pérdida irreparable de información arqueológica de valor incalculable así como de daños en bienes muebles e inmuebles del Patrimonio Histórico Andaluz".

De igual forma, la Junta de Andalucía acordó el pasado 18 de enero, como medida cautelar, la paralización de los movimientos de tierras en las parcelas afectadas y la apertura del tramite de actuaciones previas por posibles infracciones graves de la Ley del Patrimonio Histórico Andaluz, dando cuenta a la Fiscalía de Medio Ambiente al considerar indicios delictivos en los hechos, que fueron denunciados en primer lugar por el arqueólogo Diego González ante el Seprona de la Guardia Civil.

Por otro lado, cabe recordar que la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, anunció a mediados de febrero la firma de un protocolo marco con el fin de que Huelva cuente con un Proyecto General de Investigación para sus yacimientos arqueológicos, que lidera un equipo de la Universidad de Huelva, capitaneado por el catedrático de Arqueología y decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva, Juan Campos. El mismo persigue actuar en la parcela afectada y en toda la zona arqueológica de Huelva.

Por su parte, el Ayuntamiento, a requerimiento de la Administración local y autonómica, protegerá el yacimiento "en los próximos días" con un cerramiento perimetral por parte de las empresas propietarias de los terrenos, una vez que el Consistorio ha resuelto toda la tramitación para autorizar esta actuación recabando el informe favorable de la Junta de Andalucía.