El concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, se ha mostrado "enormemente satisfecho" con la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo hecha pública hoy, sobre el recurso de casación presentado por la Asociación Cultural Ciudad Sostenible, que reclamaba una ejecución de la sentencia del caso Ebro Piensos Cia que no se limitase a una declaración formal o declarativa.

Obligar, como hace la sentencia de hoy, a "proseguir la actividad de ejecución de la sentencia firme, mediante la adopción de las medidas pertinentes para el completo cumplimiento del fallo" es, a juicio del concejal, un éxito de la Justicia y el rechazo a la impunidad en materia urbanística, en virtud de la cual las empresas constructoras beneficiadas en esta operación construyeron 423 viviendas donde sólo estaban permitidas 160.

La actuación de la Asociación recurrente es, a su vez para el edil, "un triunfo de la sociedad civil que se pone de parte del bien común y de la legalidad. Los poderes públicos se ven, con actuaciones como ésta, extraordinariamente apoyados en su función".

La Concejalía de Urbanismo, a través de un comunicado, anuncia que seguirá trabajando para conseguir la restitución completa de la legalidad en el caso citado, con el cumplimiento de las cargas, reservas, cesiones y aprovechamientos correspondientes a la operación urbanística que se llevó a cabo, y que a día de hoy están pendientes de recibirse.

El nuevo fallo judicial tiene sus precedentes en la sentencia, de 24 de abril de 2007 de la sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), luego ratificado en 2011 por el Supremo, por la que se declaraba nula la orden de la Consejería de Fomento que aprobó definitivamente la modificación del PGOU en los terrenos de la antigua azucarera Santa Victoria de Valladolid—propiedad de Ebro Puleva—y piensos Cía.

El acuerdo permitió que el Ayuntamiento se quedara con la propiedad de los terrenos de Azucarera Santa Victoria, donde se ha construido el parque de Las Norias, y que se trasladara la edificabilidad de esta zona al suelo donde se encontraba la fábrica Piensos Cía, que fue derribada para construir un bloque de viviendas, frente al centro comercial Vallsur.

De la riva debió abstenerse

Uno de los aspectos en los que incidía la sentencia es que en la aprobación inicial de la modificación del PGOU, en el Pleno del Ayuntamiento, el alcalde, Javier León de la Riva, "debió abstenerse en la votación" al "tener interés personal en el asunto" ya que fue designado representante de Caja Duero en el Consejo de Administración de Ebro Puleva.

Asimismo, el fallo sentenciaba que el alcalde "estaba en una posición en la que no resulta irrazonable suponer que podía ser difícil conciliar los intereses generales a que sirven con objetividad las administraciones públicas y los particulares o privados de una sociedad mercantil a la que la modificación reconocía unos derechos valorados en más de 2.500 millones de pesetas".

La sentencia establecía que se debió de seguir el procedimiento cualificado y no el ordinario en este proceso, por lo que no debió de ser el consejero de Fomento quien aprobase en marzo de 2003 la orden de modificación del PGOU en estos dos ámbitos sino la Junta de Consejeros.

Al respecto, el fallo recogía que en el informe jurídico del secretario del Consejo de Urbanismo y en el de la Ponencia Técnica ya se advirtió de la necesidad de que se siguiera la tramitación cualificada tal y como se recoge en el artículo 58.3C de la Ley de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL).

Otro de los aspectos en los que profundizaba la sentencia es que la modificación "afecta a dos ámbitos y que la distinta zonificación se produce sólo en uno de ellos" a pesar de la estrechísima relación entre uno y otro ya que a los terrenos donde se ubicaba Piensos Cía se trasvasó la edificabilidad de Azucarera Santa Victoria, 36.999 metros cuadrados.

Además, la finca de Piensos Cía se catalogó como suelo urbano consolidado cuando, según el fallo, debió clasificarse como suelo no consolidado, lo que conllevaría dar a esta zona, frente al centro comercial Vallsur, de dotaciones urbanísticas.

Pese al fallo judicial que anulaba dicha operación, y tras los recursos fallidos presentados por el Ayuntamiento, Metrovacesa, Parquesol Inmobiliaria y Edificasa 2000, las cuatro partes llegaron a un acuerdo extraprocesal consistente en la asunción por las tres sociedades mercantiles del compromiso de ceder 60 viviendas al Ayuntamiento de Valladolid, así como la dotación de 367 plazas de aparcamiento de uso público.

Sin embargo, la Asociación Cultural Ciudad Sostenible acudió de nuevo al Supremo para lograr el completo cumplimiento del fallo anulatorio de la referida operación urbanística, pretensión ahora estimada por el Alto Tribunal.

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