Mientras el alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), ha ratificado este viernes la adhesión de la ciudad al convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Junta y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), para la detección de casos de vulnerabilidad en desahucios y desalojos, los concejales de Participa denuncian "la tardanza y la aleatoriedad de este nuevo protocolo anti desahucios".

La concejal de Participa Cristina Honorato, en un comunicado, ha celebrado la firma del citado acuerdo, recordando que "era uno de los compromisos que el PSOE firmó con Participa Sevilla para lograr la Alcaldía" hispalense, si bien el alcalde "ha tardado nueve meses en lograr un protocolo sobre los desahucios con los juzgados sevillano".

El protocolo firmado en Andalucía es muy similar al que se firmó también en Galicia el año pasado. "Este acuerdo marca que es el juez o la jueza quienes determinan si el caso se debe comunicar o no a los servicios sociales municipales", ha reconocido Honorato, quien ha calificado como "aleatoria" esta medida. "No puede depender de la decisión de una persona que se activen las medidas sociales municipales", ha avisado Honorato, que ha exigido que sea "automático" el proceso de comunicación entre los juzgados y los servicios sociales municipales.

Desde hace meses, Participa Sevilla apostaba por un protocolo que siguiera la senda del que se firmó en Granada en diciembre de 2013. Allí existe una persona que es la encargada de trasladar la orden judicial a los servicios sociales, "aunque aquí apostábamos que el proceso se activara cuando se inicie el proceso judicial y no cuando ya se haya aprobado la orden de lanzamiento", según ha exigido Honorato. "Sabemos que hay muchas más medidas que desde los servicios sociales y el Ayuntamiento se pueden llevar a cabo para evitar que las personas acaben en la calle, pero estos protocolos son fundamentales para, de algún forma, mitigar la dureza de un desahucio", ha concluido Honorato.

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