El Consell de Govern ha aprobado este viernes el proyecto de ley de Igualdad de mujeres y hombres de Baleares, cuya principal novedad es que se tipifica el impago de las pensiones de alimentación como violencia económica.

El proyecto próximamente iniciará su tramitación parlamentaria y se prevé que la norma entre en vigor este año.

Así lo ha anunciado el portavoz del Govern, Marc Pons, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, donde ha explicado que la norma obligará al Ejecutivo a cumplir criterios de paridad, algo que según ha dicho ya se ha alcanzado si se tiene en cuenta todo el Govern y el sector público instrumental, aunque ha admitido que no ocurre lo mismo si se observa cada conselleria individualmente.

Además, Pons ha recordado que en esta legislatura "tenemos a la primera mujer presidenta del Govern".

Además, la principal novedad que introduce esta ley es que se tipifica el impago de las pensiones de alimento como violencia económica y por ello se reconoce a las mujeres afectadas el derecho a acceder a las mismas ayudas que las víctimas de agresiones físicas o psicológicas.

El proyecto fue impulsado por la Conselleria de Servicios Sociales y ha sido presentado por la Conselleria de Presidencia, de la que ahora depende el Instituto Balear de la Mujer (IBdona).

Según el Govern, se ha presentado delante de un centenar de asociaciones y tiene el informe favorable del Consejo Rector del IBdona.

La futura ley de igualdad, que estará aprobada y en vigor este año, además de tipificar el impago de las pensiones como violencia económica, lo identifica como uno de los seis tipos de violencia machista que define la ley.

Con esta ley, se considera que hay violencia cuando no se pague la pensión de alimentos de forma voluntaria y como forma de seguir controlando y maltratando económicamente a la mujer.

La norma reconoce a las víctimas de esta violencia económica el derecho a acceder a las mismas ayudas y prestaciones que las víctimas de agresiones físicas o psicológicas. Este derecho lo garantizará también la renta social, que posibilita que las mujeres que denuncien el impago de la pensión de alimentos puedan ser beneficiarias de la prestación.

Otra medida que prevé la ley es la obligatoriedad de las administraciones de disponer de recursos suficientes para atender a las víctimas de violencia machista, y fija un mínimo por criterios poblacionales.

Así, tiene que haber, como mínimo, una plaza en un centro de acogida para cada 3.500 mujeres, y un centro de atención y asistencia psicológica por cada 100.000 mujeres, distribuidos en las cuatro islas.

El proyecto de ley incluye medidas para promover la igualdad de género no solo en todas las administraciones públicas, sino también en las entidades privadas que suscriban contratos o convenios de colaboración o sean beneficiarias de ayudas y subvenciones.

Así, por ejemplo, no se podrán conceder subvenciones, becas o ayudas a los solicitantes sancionados o condenados por haber ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género.

Entre las medidas que afectan a las administraciones destacan, por ejemplo, la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas de los poderes públicos para valorar su impacto en la situación de las mujeres y de los hombres como colectivo. El informe de impacto de género también se hará extensivo a los anteproyectos de presupuestos. También se obliga a las administraciones a aprobar planes de igualdad.

El proyecto de ley tiene incidencia en ámbitos como el educativo, en el que se establece la necesidad de garantizar que en los centros se pongan en marcha proyectos coeducativos, que fomenten la construcción de las relaciones igualitarias de las mujeres y los hombres sobre la base de criterios de igualdad. En este sentido, se tendrá que garantizar que en todos los centros haya una persona responsable de la coeducación.

También afecta a ámbitos como el acceso al empleo, donde se incentivará la contratación estable y el ascenso a niveles superiores de las mujeres o se fijará que el SOIB no pueda tramitar ninguna oferta de empleo que pueda ser discriminatoria por razón de sexo.

También se favorecerá la consecución de planes de igualdad en las empresas y se fomentará la inclusión de cláusulas destinadas a promover y garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de sexo en la negociación colectiva.

Con esta normativa, el Govern pretende "ir más allá de una declaración de intenciones", dado que fija por ley derechos y obligaciones en materia de igualdad, tanto en la Administración pública como en entidades privadas.La ley se enmarca en el cumplimiento de los acuerdos de gobernabilidad del ejecutivo.

Por otra parte, el texto define, por primera vez, las competencias de cada institución balear en este ámbito; establece y define las competencias que deben tener todas las instituciones en materia de igualdad; fija prohibiciones y sanciones que van desde los 3.000 euros hasta los 90.000 por infringir la normativa en materia de igualdad de oportunidades, e incluye la creación de nuevas figuras como el Observatorio de la Igualdad o el defensor de la Igualdad de Mujeres y Hombres.

El portavoz del Govern ha asegurado que se trata de "una ley progresista y valiente", que marca "un proyecto de legislatura", "muy ambicioso", pero que quieren hacer "de forma tranquila". En este sentido, ha incidido en que "en todos los ámbitos hay mucho trabajo por hacer".