El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha ratificado este viernes la adhesión de la capital al convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) sobre la detección de los supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social, así como sobre la cesión de datos en los procedimientos de desahucios y ejecuciones hipotecarias.

Así, el primer edil hispalense ha puesto de manifiesto que se trata de la primera ciudad andaluza en hacerlo, tras participar en la reunión de coordinación en esta materia con los consejeros andaluces de Justicia e Interior y Fomento y Vivienda, Emilio de Llera y Felipe López; el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos; el presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Manuel Damián Álvarez; el decano de los Jueces de Sevilla, Francisco Guerrero, y la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) María Pilar Sepúlveda, entre otras autoridades.

En rueda de prensa, Espadas ha destacado el tiempo que se lleva trabajando en este asunto con el objetivo de buscar alternativas antes de que se produzca un desahucio para evitar "el drama de las familias, incluyendo los menores a su cargo". Así, recuerda que se trata de uno de los ejes de su compromiso político y una prioridad incorporada en los acuerdos políticos firmados con los distintos grupos, plasmado por ejemplo en el desarrollo de la Oficina de la Vivienda o en las negociaciones con las entidades financieras para conseguir la cesión de la gestión de inmuebles.

Aunque prevé que el protocolo sea de aplicación inmediata, procurando un "avance claro", aboga por analizar la situación actual en los juzgados para planificar la actuación a corto plazo. Mientras tanto, incide en que se continúan dando respuesta a las emergencias con ayudas al alquiler o a los suministros básicos de las viviendas.

De su lado, De Llera ha confirmado esa "prioridad" de firmar este convenio marco por parte de Espadas existe desde "el día de su toma de posesión", llevando a que la capital de Andalucía sea la primera en adherirse.

Explica que desde Justicia se incorpora la notificación de la resolución del desahucio la información de contacto necesaria para que la persona objeto del lanzamiento sea atendida y asesorada por la delegación territorial o por el propio Ayuntamiento, recordando que estas personas "tienen derecho a asistencia jurídica y gratuita para que puedan acudir al juicio suficientemente informadas".

López ha incidido en que la situación obliga a tomar este tipo de medidas "mientras que haya gente en paro" e "insolvente" por circunstancias sobrevenidas y alerta de la situación de "vulnerabilidad" que tienen cuando se produce el lanzamiento.

"Hay que poner todas las capacidades para evitarlo y, si no se puede, establecer medios de respuesta para minimizar ese impacto social tan grave para las familias", recalca.

"un enfoque integral"

En este marco, Espadas aclara que estas actuaciones se desarrollan en caso de amenaza de desahucio "siempre que se trate de una emergencia social" y pone en valor esa primera firma de una ciudad al marco validado por el CGPJ, "más allá de una firma individual para coordinarse con su juzgado".

"Se trata de una pieza más en el enfoque integral de un problema social, que pasa por la coordinación entre Administraciones, con un margen de maniobra suficiente, la realización de una evaluación de la situación por parte de los servicios sociales y la puesta en marcha de líneas de asesoramiento y actuación", agrega.

Los pajaritos,

Amate y polígono sur

Preguntado por el informe que sitúa a los barrios de Los Pajaritos, Amate y el Polígono Sur entre los que cuentan con las rentas más bajas del país, Espadas ha asegurado que "esas bolsas no se puede permitir", por lo que plantea como primera prioridad la generación de empleo en zonas con problemas de exclusión social. Para ello, apunta a las medidas articuladas en el proyecto de presupuestos, aprobado ya inicialmente, con planes de empleo que procuran ayuda en estas situaciones pero "que no son las soluciones definitivas".

Detalla que el 50 por ciento de los parados de estas zonas tienen un nivel educativo inferior a la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y propone programas integrales, formación y escuelas taller, entre otros. Complementa todo ello con los programas que prevé lanzar de innovación social y el establecimiento de cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de los contratos municipales.

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