Las Comunidades Autónomas de Cataluña, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra, Asturias y la Comunidad Valenciana, han firmado una declaración conjunta que harán llegar al Gobierno central para pedir la implicación de los estados en la acogida de personas refugiadas.

Así lo ha asegurado la consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, quien ante la situación de emergencia humanitaria, ha comentado que el Govern quiere trabajar activamente, después de "meses de inacción", desacuerdos y avances muy pobres entre los miembros de la UE.

Los nueve gobiernos autonómicos han dirigido seis peticiones al central, al que han exigido que ponga en marcha los recursos económicos necesarios y los procedimientos administrativos adecuados para asumir proactivamente la parte de responsabilidad que le corresponda para abordar esta situación.

"Ha llegado el momento de hacer un paso adelante y de decir muy claro que la solidaridad con los refugiados no puede esperar más", ha sostenido la consellera, y ha admitido la necesidad de estar a la altura de las circunstancias sin más excusas ni dilaciones.

Debatir la política de asilo

Han reclamado una convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Inmigración en la que debatir un nuevo modelo de política de asilo, y han reiterado su disposición en colaborar en la acogida y la integración social de los refugiados que puedan llegar, tanto de Europa como en su reasignación directa desde los campos, y aportando los recursos necesarios, en el marco de sus competencias.

Se han dirigido a las instituciones y gobiernos europeos para pedir una mayor implicación en la atención a personas que están siendo desplazadas por conflictos bélicos especialmente violentos y sangrante.

Han apelado al desbloqueo de los procedimientos que permitan la llegada segura y su distribución adecuada por el territorio europeo, ante lo que Bassa ha observado que el derecho al refugio está amparado por la Convención de Ginerbra.

Competencias de las ccaa

Bassa ha recordado que, a pesar de que la concesión del estatus de refugiado es una competencia exclusiva del Estado, la acogida y la integración de las personas inmigradas pertenece a la Generalitat.

La Ley 12/2009 que regula el refugio prevé que las CCAA gestionen los servicios y programas específicamente destinados a los solicitantes de asilo a través de sus ámbitos competenciales en formación de adultos, ejecución de políticas de empleo, enseñanza, salud y servicios sociales, ha apuntado.

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