El pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha aprobado este viernes por unanimidad una moción que insta al Gobierno asturiano a suspender todas las liquidaciones de las deudas que son reclamadas a los herederos de los usuarios fallecidos de los servicios residenciales públicos del organismo autónomo ERA, hasta que se lleve a cabo una auditoría.

El debate ha sido seguido de cerca por integrantes de la plataforma de afectados por estas reclamaciones. Algunos se han quedado en la calle, donde han protagonizado una concentración con pancartas, tildando de abusivo las cantidades que les quiere cobrar el Principado. Las reclamaciones llegan hasta los 90.000 euros. Los afectados se quejan de falta de información.

La iniciativa ha sido presentada por Podemos, pero luego ha sido aprobada gracias a una enmienda transaccional suscrita por los distintos grupos. El término inicial incluido en la moción de Podemos era el de "paralizar" las liquidaciones. Pero fue sustituido por el de "suspensión". La redacción de la enmienda transaccional retrasó el debate unos 20 minutos, mientras los grupos buscaban acuerdos.

La suspensión se adoptará, según consta en la moción "con las salvaguardas que en Derecho procedan", para evitar las prescripciones, y la auditoría a la que se refiere la iniciativa tendrá como objetivo "verificar que el cálculo de la misma se adecúa al principio de aplicación del régimen más beneficioso para el usuario, así como la revisión de oficio de todos los expedientes de reclamación de deuda ya abonados para la devolución en su caso de los ingresos indebidos".

La diputada de Podemos Rosa Espiño fue la encargada de defender la iniciativa. "Las personas quieren pagar lo que deben, pero ni un euro más de lo que deben", ha señalado, añadiendo que los afectados no pueden ser los "pagadores" de los "deberes que no han hecho los gobiernos que se han sucedido hasta la fecha".

Espiño ha hablado de "opacidad" por parte del Gobierno asturiano acerca de este asunto y que a las personas afectadas "no se les dio la información correcta" por parte de la Administración. "¿Son legítimas estas liquidaciones si la Administración no ha informado, o mejor dicho ha desinformado una información correcta? ¿Son justos los intereses abusivos aplicados en algunos casos?", se ha preguntado.

En el caso de que las deudas sean legítimas, ha dicho que se habrían ido 10 millones de euros prescritos "al caldero", por lo que habría que buscar responsable. También ha dicho que no existe en el documento de presupuestos regionales de 2015 ninguna partida de activo financiero al respecto, tal y como corresponde a cualquier deuda.

Desde el PSOE, Nuria Devesa ha apostado por rechazar "oportunismos demagógicos" y "alarmas sociales". Ha recordado la reunión que mantuvieron los grupos con la consejera de Bienestar Social, Pilar Varela, el martes, un encuentro que, ha afirmado, ha contribuido al acuerdo en la Cámara. "No se puede cuestionar que Administración está obligada a recuperar el dinero que adelanta para los mayores", ha indicado, en el sentido que las reclamaciones son legítimas. "Otra cosa es que el sistema sea mejorable", ha apuntado.

Podemos pedía una auditoría externa, que ya no figura en el documento finalmente aprobado. Devesa ha explicado que no hace falta y que costaría más dinero, teniendo en cuenta además de que en Asturias ya existe un órgano fiscalizador como la Sindicatura de Cuentas.

La diputada de IU, Marta Pulgar, ha puesto en valor la capacidad de los distintos grupos para llegar a un consenso. Ha dicho que el sistema público está basado en el principio de "solidaridad" y "el que tiene debe pagar".

PP

El diputado del PP Matías Rodríguez Feito ha dicho que apoya la moción por buscar el consenso, pero ha criticado a Podemos por haberse "rajado" y aceptar las exigencias de PSOE e IU a la hora de cambiar el texto. El diputado 'popular' ha lamentado que Podemos hayan aceptado eliminar el término "paralización" o que también haya renunciado a una auditoría externa.

A juicio de Rodríguez Feito, los responsables de lo sucedido son los dirigentes del PSOE, encabezados por el presidente del Principado, Javier Fernández. "No nos engañan, son conscientes del lío que han montado y pretenden hacernos cómplices", ha apuntado.

También ha criticado la gestión "inhumana" de la consejera de Bienestar Social, Pilar Varela, que, a su juicio, no ha hecho nada ante un problema que mantiene a familias angustiadas. Le ha exigido que trabaje para dar soluciones y llegue a un "pacto ecuánime" con los afectados. "No debemos olvidar nunca que el problema tiene el origen en la nefasta gestión socialista", ha insistido.

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