El Consejo de Gobierno de la presente semana ha aprobado una gasto de 7,2 millones de euros destinados a diferentes convocatorias de ayudas previstas en el plan de actuación de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo regional, Nacho Hernando, que ha indicado que, a su vez, esos 7,2 millones se desglosan en cuatro convocatorias.

La primera, dotada con 1,8 millones de euros, está destinada al mantenimiento de centros de rehabilitación psicosocial y laboral de atención a personas con enfermedad mental grave. El objetivo es atender a al menos a 850 personas, que tengan algún tipo de enfermedad mental grave.

La segunda de las convocatorias, con una cuantía de cerca de 3,3 millones, va destinar a plazas en residencias comunitarias y viviendas supervisadas para personas con enfermedad mental o enfermedades crónicas. Estas ayudas están destinadas a cubrir el gasto de personal y mantenimiento de centros y el Ejecutivo prevé que beneficien al menos a 220 usuarios, que podrán continuar con sus tratamientos, evitando así estancias hospitalarias "innecesarias".

Sí la tercera línea de ayuda es de 1,7 millones de euros y va dirigida a financiar plazas residenciales de la comunidad terapéutica para personas con problemas de drogodependencia, la cuarta, ha indicado Hernando, está dotada con 300.000 euros y está destinada a los programas de apoyo a reclusos drogodependientes en centros penitenciarios de la región, al objeto de favorecer reinserción una vez cumplida la pena. El Ejecutivo pretende atender al menos a 950 personas en esta situación.

En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha tomado en consideración la orden que establece las bases reguladoras para los gastos preparatorios de la estrategia de desarrollo local participativo, dentro del Plan de Desarrollo Rural.

Por último, Hernando ha avanzado que a partir del 8 de marzo el Portal de Transparencia de Gobierno regional publicará los acuerdos del Consejo de Gobierno, adelantándose así a la aprobación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que está aun en periodo de tramitación.

Ha dicho que, a diferencia del anterior Ejecutivo regional que no lo hizo, el actual, "consciente de la importancia económica y social" de los acuerdos, no va a esperar a que entre en vigor dicha ley y ha indicado que los acuerdos serán accesibles a las 48 horas de ser aprobados.

Por último, ha precisado que la publicación de los acuerdos no supondrá gasto alguno para las arcas regionales, pues se hará efectivo con los medios humanos ya disponibles.