Los madrileños centran más sus quejas en la educación y las políticas sociales

  • La Defensora del Pueblo tramitó 4.899 quejas ciudadanas en la Comunidad de Madrid durante 2015, según el último informe de la institución.
  • El retraso de obras en colegios, el aumento de la lista de espera de la dependencia o la ocupación de pisos por mafias son algunas de las denuncias.
  • La institución fiscalizadora asegura que 10 ayuntamientos de la región, como Getafe y Leganés, y la Comunidad de Madrid dificultar su labor.
Alejandro no puede conectar con la línea 6 en Plaza Elíptica ante la falta de medios acceder al andén.
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JORGE PARÍS

Las políticas educativas y sociales llevadas a cabo por las administraciones de la región fueron las áreas en las que centraron más sus quejas los madrileños en 2015. Así lo señala el informe que ha hecho público la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.

Becerril, en el cargo desde junio de 2012, recibió el año pasado un total de 4.988 quejas ciudadanas (sin contar actuaciones de oficio y recursos ante el Tribunal Constitucional, que elevaría la cifra a 5.134) relacionadas con la actividad de la Administración Pública, lo que supone un 31% menos que en 2014 (7.227). Entonces, las quejas se centraron en el urbanismo, la vivienda y las políticas sociales.

Las administraciones no tienen la obligación de obedecer a las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, ya que la institución carece de poder ejecutivo. No obstante, estas observaciones sirven de llamada de atención para los responsables públicos.

Sin embargo, no todas las administraciones tienen en cuenta las advertencias de la Defensora, que en su informe señala que ayuntamientos como Getafe, Leganés, Alcalá de Henares, Colmenar Viejo o Guadalix de la Sierra —en total diez en la región— han dificultado su labor en alguna ocasión, además de la Comunidad de Madrid.

Las principales quejas de los madrileños

  • Educación (500). La Defensora subraya en su informe que a lo largo de 2015 se han iniciado actuaciones de oficio relacionadas con el problema del acoso y la violencias escolar. Un problema que continúa es la insuficiente oferta de plazas que realizan los centros de determinados barrios de la capital, como Sanchinarro y Valdefuentes. Esto obliga a los centros educativos a rechazar una media de entre 20 y 30 solicitudes de admisión formuladas por un número significativo de padres. También el retraso experimentado en la ejecución de obras de colegios e institutos públicos ha motivado bastantes quejas: en el inicio curso 2015/16 cinco de los trece centros previstos aún no habían concluido sus obras de construcción.

  • Política Social (468). El documento recoge las demoras que se han producido respecto al procedimiento de valoración de la situación de dependencia para la concesión de ayudas y su posterior abono. La lista de espera en la región se elevó desde el 5,5% hasta el 24% en tres meses debido a la incorporación de 34.000 dependientes moderados tres años después de lo previsto. Esto ha provocado que, en muchas ocasiones, la persona solicitante falleciese antes del reconocimiento de su derecho.

  • Actividad económica (402). La venta ambulante concentra la mayoría de las quejas en ambos sentidos: de un lado están los ciudadanos que no quieren que su vida sea perturbada por la actividad de venta en la calle y, de otro, los comerciantes que desean ejercer su actividad sin problema. El Ayuntamiento de Madrid sigue con la tratamitación del problema, según el informe. Otro asunto que ha sido objeto de queja es la dificultad que tienen los proveedores para cobrar las deudas que los ayuntamientos contraen con ellos después de la realización de un servicio. 

  • Justicia (392). Los reproches se centran en el grave deterioro de los distintos juzgados de la jurisdicción contencioso administrativa debido a la falta de limpieza de las dependencias, o al mal funcionamiento de los aires acondicionados y calefacciones. La Defensora señala también el problema de saturación que padecen los órganos judiciales de la jurisdicción mercantil. Esta saturación es debida en gran medida a la condición de la ciudad de Madrid como capital del Estado, lo que supone procesos de especial complejidad y extensión. La carga de trabajo de estos juzgados aumentó un 20% en 2014. 

  • Seguridad (392). Por tercer años seguido, el Ayuntamiento de Madrid ha sido requerido por sancionar a personas por consumir alcohol en la vía pública sin que se les notificase la iniciación del procedimiento. El informe señala que los agentes de la Policía municipal habían procedido a identificar a los ciudadanos sancionados pero no les habían entregado copia de las actas de inspección, por lo que no habían podido formular alegaciones ni acogerse a la posibilidad de la reducción del 40% del importe de la sanción. La ley autonómica 5/2002 contempla multas de hasta 600 euros para las personas que consuman alcohol en la vía pública y hasta 500 euros si es un menor de edad.

  • Sanidad (380). Llama la atención la Defensora sobre los retrasos de hasta un año para operarse, citando a los centros hospitalarios 12 de Octubre, Ramón y Cajal y Gregorio Marañón, todos en Madrid capital. La saturación de las urgencias, relativo a la permanencia de pacientes, durante amplios períodos de tiempo en camillas y pasillos, también aparece en el informe en referencia al Hospital de La Paz. El documento menciona además la demora de 19 meses en el servicio de rehabilitación del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. La Defensora también recibió quejas por la postura inicial de la Consjería de Sanidad de administrar la vacuna del neumococo solo a los nacidos a partir del 1 de enero de 2015 y por el funcionamiento defectuoso del servicio de transporte sanitario no urgente.

  • Función y empleo público (260). Soledad Berril señala el incumplimiento de la Comunidad de Madrid respecto a la ejecución de ofertas de empleo público. Aún están pendientes de convocatoria procesos selectivos que se remontan a los años 2009 y 2010. Ofertas de empleo anteriores, están todavía en curso o han finalizado con varios años de retraso, como es el caso de las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo de médicos, enfermeras, matronas y auxiliares.

  • Servicios Públicos (214). La accesibilidad en estaciones de Metro, así como el mantenimiento y mejora de las infraestructuras ferroviarias han sido reclamaciones frecuentes. El mal funcionamiento de las rampas de acceso de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de la capital ha sido otra de las reivindicaciones más habituales.  

  • Medio Ambiente (154). El documento hace referencia a los malos olores procedentes de industrias que tienen que soportar miles de madrileños, como sucede con el vertedero de Valdemingómez. Esta situación afecta los vecinos del Pau de Vallecas, Rivas y Perales del Río. Los problemas de limpieza que sigue padeciendo en Madrid capital es otro de los asuntos que trata el documento, junto a las huelgas por el mismo motivo que han tenido lugar en la localidad de Parla. Los vecinos de las Cavas y Costanillas de la capital siguen quejándose por el ruido.

  • Vivienda (118). Soledad Becerril ha seguido recibiendo quejas por la venta de viviendas del IVIMA (ahora Agencia Social de Vivienda ) y de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) a fondos buitre. La razón es que esta operación especulativa ha ocasionado problemas a los vecinos debido a que esas viviendas han sido ocupadas por mafias que han traído la delincuencia a distintas zonas de la capital, como sucede en el Pau de Vallecas.  El informe destaca además que persisten los impagos de las ayudas para la rehabilitación de viviendas pese a estar reconocidas las subvenciones.

  • Urbanismo (116). La inactividad municipal ante el deficiente estado de conservación de inmuebles y solares sigue dando lugar a reclamaciones. En concreto, la institución denunció que el frontón Beti Jai de Madrid se encontraba en 2015 en el mismo estado de abandono que cuando denunció su estado por primera vez años atrás. 
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