Bantierra, primera entidad aragonesa de crédito cooperativo, ha aportado un total de 21 inmuebles al Fondo Social de Viviendas (FSV), un portal que agrupa toda la oferta inmobiliaria existente en las entidades financieras dirigida a ciudadanos con problemas habitacionales.

Dichas viviendas se encuentran en la provincia de Zaragoza, 9 pisos están en la capital y el resto en otras localidades como Ejea de los Caballeros, Tarazona, Villanueva de Gállego, Ricla, Muel, La Muela, Cariñena, Borja o Alpartir.

Además de estos 21 inmuebles incorporados al Fondo estatal de vivienda de alquiler social, desde Bantierra se han realizado gestiones con diversas administraciones para otorgar pisos dirigidos al alquiler social. En concreto, la entidad cedió 5 pisos al Ayuntamiento de Calatayud en enero 2015, 4 viviendas al Ayuntamiento de Zaragoza y en breve está previsto otorgar otros doce pisos a la administración local zaragozana.

En el portal, que se ha puesto en marcha esta semana, participan un total de 12 entidades financieras a nivel nacional. A través de la web www.fondosocialdeviviendas.es se ofertan más de 2.000 viviendas, procedentes en su mayoría de la ampliación del FSV. Mediante esta herramienta se canalizarán las solicitudes de los clientes y administraciones, con lo que así se simplificará y facilitará el acceso a la vivienda.

Con esta nueva plataforma, el sector renueva su compromiso de atención a las familias en situación de vulnerabilidad social y económica. La oferta publicada en la web va dirigida a las familias que hayan perdido su vivienda habitual con posterioridad al 31 de diciembre de 2007 y también a entidades sociales u organismos públicos, que colaboren en la gestión y tramitación de las solicitudes.

Según datos del Banco de España (BE), durante los años 2012-2014 las entidades han realizado más de 50.000 daciones en pago de forma voluntaria y se ha refinanciado aproximadamente un 8% del total del crédito para adquisición de vivienda de los hogares con el fin de paliar algunos efectos de la crisis.

Además, un total de 23.640 familias en riesgo de exclusión social han sido atendidas (18.620 han logrado reestructurar la hipoteca y 5.014 la dación en pago) durante los tres años y medio de vigencia del Código de Buenas Prácticas (CBP).