El subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, Javier de Torre, ha manifestado que la Dirección General de Costas y la Demarcación de Costas "actuó de manera diligente" en el momento en el que se tuvo conocimiento de la extracción de arena de la duna de Valdevaqueros, en Tarifa (Cádiz), con fines supuestamente irregulares, y "se contactó con la empresa y se detuvo esa saca de arena".

En rueda de prensa, De Torre ha manifestado que hasta que no termine la actuación de la Autoridad Judicial "no podemos llevar a cabo ningún tipo de actuación". En este sentido, ha añadido que "debe ser la Autoridad Judicial la que determine si ese hecho es un delito, una falta o una sanción administrativa".

Asimismo, ha indicado que Costas no está personada en el prceoso y ha insistido en que "cuando tuvimos conocimiento de que eso se estaba produciendo, requerimos a la empresa que cesase ese comportamiento, se dejase de extraer arena y se repusiese la situación".

Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras (Cádiz) instruye diligencias previas en relación a la posible venta de la arena extraída de la duna de Valdevaqueros durante los años 2012 y 2013, lo que podría ser constitutivo de delitos de hurto o apropiación indebida y de falsedad documental.

Fuentes cercanas al caso han indicado a Europa Press que, en el marco de este procedimiento, el juzgado ha hecho un requerimiento al Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) para que facilite información sobre los contratos del Consistorio con empresas que habrían estado llevándose arena de la duna. Según las citadas fuentes, el Ayuntamiento tiene diez días para contestar.

Cabe recordar que fue Verdemar-Ecologistas en Acción quien en julio de 2013 denunció "al Ayuntamiento de Tarifa y otros" ante la Fiscalía General del Estado por el posible hurto agravado de la arena extraída de la duna de Valdevaqueros, que habría acabado vendiéndose a empresas que gestionan campos de golf y polo de la provincia gaditana, así como a empresas de Gibraltar para su uso en la regeneración de playas del Peñón.

La Fiscalía observó en su día indicios de un posible delito de hurto o apropiación indebida y de falsedad documental, al haberse acreditado indiciariamente la venta de la arena extraída, pudiendo haberse falseado la documentación y procedencia de dicha arena.