El presidente de Bolivia, Evo Morales, protagonizó este lunes una tormenta política en su país, tras revelarse que el hijo que tuvo en 2007 con la empresaria Gabriela Zapata y al que creía fallecido está vivo, por lo que ha pedido que se lo entreguen.

"Si está con vida, primero es una alegría para mí. Es como una bendición finalmente que esté con vida. Aunque me pregunto por qué desde el 2007 me ocultaron, por qué razones me alejaron, qué intereses hay detrás de este alejamiento", cuestionó Morales.

El mandatario se pronunció tras un agitado fin de semana en el que Zapata fue enviada a la cárcel por supuestos delitos económicos, lo que provocó que familiares de la mujer y también su abogada revelaran que el hijo que ésta tuvo con el mandatario está vivo.

Morales insistió en su versión de que en 2007 Zapata le comunicó que el menor había fallecido tras una enfermedad, pero la familia materna asegura que el niño vive y tiene hoy entre ocho y nueve años.

"Si su familia me permite quiero recoger al niño", dijo el gobernante.

La explicación que ha dado Morales implica que el gobernante creyó sin más a Zapata cuando esta le dijo que el niño había muerto, pero no lo comprobó ni acudió al velatorio ni al entierro del bebé, por lo que la oposición y gran parte de la sociedad boliviana han acogido esta versión con escepticismo.

El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, denunció una supuesta "articulación política" para atacar a Morales con este caso y como prueba mostró antiguas fotografías de dos hermanos de Zapata con diputados opositores vinculados al líder de Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002).

Según el vicepresidente, ambos políticos "se olvidaron" de las denuncias de tráfico de influencias dentro de este caso y ahora usan el asunto del hijo del gobernante y la empresaria para atacar a Morales, lo que calificó de "indigno, inmoral y antiético".

Morales había sido acusado de supuesto tráfico de influencias debido a que Gabriela Zapata fue hasta la semana pasada alta ejecutiva de una empresa china, Camce, que firmó millonarios contratos con el Estado por adjudicación directa y sin licitación.

Quiroga y Doria Medina rechazaron, por separado, las acusaciones y aseguraron que el Ejecutivo se está desacreditando solo.

"Yo le cedo al señor García Linera la cabeza de la oposición porque lo ha destrozado al presidente con lo que ha dicho esta mañana", dijo Quiroga y sostuvo que todo es fruto de la relación de Morales y Zapata, en la que la oposición no tiene nada que ver.

Doria Medina señaló que Morales "está metido en un escándalo por decisiones personales que él ha tomado".

La abogada de Zapata, Angela Burgoa, afirmó este lunes que el domingo fueron presentados ante una juez los certificados de nacimiento de los hijos de su cliente, entre ellos el del niño de Morales como una prueba de que existe.

Agregó que la única persona que puede presentar al niño es Zapata, quien "por un ardid jurídico se encuentra detenida".

La relación de Morales y Zapata se conoció hace unas semanas, en medio de la campaña del referendo sobre la reelección del mandatario, quien reconoció que mantuvo ese noviazgo, aunque aseguró que no veía a la mujer desde 2007 y que el bebé había fallecido.

El Gobierno ha rechazado varias veces las acusaciones de tráfico de influencias argumentando que se ha impuesto una sanción millonaria y se han rescindido los contratos con la empresa Camce por haber incumplido un proyecto para instalar una vía férrea.

Sin embargo, todas esas acciones se realizaron después de que saliera a la luz la vinculación entre Morales y Zapata.

Zapata está acusada de los supuestos delitos de "legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad".

La Fiscalía investiga denuncias de que Zapata usó oficinas de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, la antigua entidad de apoyo a la Primera Dama, un cargo ahora desierto debido a la condición de soltero del presidente Morales.

Según el abogado Walter Zuleta, que también defiende a Zapata, la Fiscalía investiga movimientos por valor de 250.000 dólares en tres años.

La Policía también detuvo hoy a Cristina Choque, jefa de Gestión Social, por la sospecha de que permitió a Zapata el uso de un vehículo oficial y de esas oficinas para supuestas reuniones con empresarios privados.