Las quejas ciudadanas por los problemas que ocasionan los okupas han aumentado en 2015. Al menos las que recibe la oficina del Defensor del Pueblo, según consta en su informe anual, que asegura que, en general, estos inmuebles son de titularidad pública o de entidades bancarias.

En ese sentido el Defensor del Pueblo acusa a los bancos propietarios de inmuebles que se encuentran en situación de ocupación ilegal de hacer "caso omiso" a los requerimientos y escritos que presentan vecinos afectados por esta situación.

La institución precisa que entre los problemas que se encuentran los vecinos de los okupas están la conflictividad originada por éstos, los problemas de insalubridad por la acumulación de basura, el deterioro de elementos comunes por actos de vandalismo, molestias por ruido o perjuicio económicos, pues en los inmuebles que disponen de contadores generales para los suministros de agua y electricidad, los vecinos que residen legalmente tienen que hacer frente a los pagos totales para que las compañías no corten el servicio.

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo considera que la solución pasa por que el propietario de los inmuebles inste el procedimiento de recuperación posesoria para proceder al desalojo de las viviendas ocupadas ilegalmente.

En este punto, tras quejarse que la banca desoye los llamamientos de los vecinos para que eche a los okupas de sus edificios, esta oficina sugiere a los ayuntamientos que valoren la posibilidad de instar a la propiedad a que inicie este procedimiento de recuperación posesoria.