La Junta destinará más de 30.000 euros al servicio de orientación jurídica a reclusos de Málaga

La Junta de Andalucía destinará 32.292 euros a la financiación del servicio de orientación jurídica a la población reclusa en Málaga hasta el año 2018. Un servicio que prestan profesionales de los colegios de abogados en los centros penitenciarios de la provincia, según la resolución de la Consejería de Justicia e Interior que gestiona este servicio.

La Junta de Andalucía destinará 32.292 euros a la financiación del servicio de orientación jurídica a la población reclusa en Málaga hasta el año 2018. Un servicio que prestan profesionales de los colegios de abogados en los centros penitenciarios de la provincia, según la resolución de la Consejería de Justicia e Interior que gestiona este servicio.

Con esta resolución, la consejería, de la que es titular Emilio de Llera, mantiene su compromiso de financiación de un servicio de asistencia jurídica que se presta de manera completamente gratuita a la población reclusa que lo necesite y lo requiera, han afirmado desde la Junta a través de un comunicado.

Durante los tres primeros trimestres de 2015 los abogados de Málaga llevaron a cabo un total de 162 actuaciones de orientación jurídica penitenciaria con la población reclusa de la provincia.

SERVICIO

Estas actuaciones prestan a población reclusa de las 13 cárceles andaluzas un servicio de asesoramiento sobre cuestiones propias del ordenamiento jurídico penitenciario, permisos, traslados de centros, reclamaciones administrativas, procesos judiciales o sobre los requisitos de acceso a la justicia gratuita.

Los encargados de llevar a cabo estos servicios de orientación son los abogados especialistas en materia penitenciaria y en dependencias de las prisiones en horas y días fijados por la dirección de cada centro, lo que contribuye a mejorar también la convivencia en los centros penitenciarios andaluces y a favorecer su reinserción social.

El convenio con el Ministerio del Interior, como responsable de las políticas penitenciarias, y los representantes de los abogados andaluces por el que se rige esta prestación gratuita tiene una vigencia de tres años prorrogables.

FINANCIACIÓN

Asimismo, la financiación corre, al completo, a cardo de la Junta y se abona en periodos trimestrales al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, previa justificación de los servicios efectuados.

Estos pagos se complementan con los 38,5 millones de euros que la Consejería de Justicia e Interior abonará este año a los consejos andaluces de colegios de abogados y procuradores como pago de los servicios de asistencia jurídica gratuita en Andalucía a personas con menos recursos económicos.

El calendario de pagos de 2016, que se iniciará el próximo mes de marzo con el abono de los trabajos de justicia gratuita correspondientes al último trimestre de 2015, se realiza en virtud de un acuerdo que ya en la anterior legislatura permitió a la Junta estar al día con la financiación de una prestación de la que se benefician más de 300.000 personas cada año en la Comunidad Autónoma.

El calendario de pagos establecido con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores permite abonar por trimestres vencidos el turno de oficio, el turno de guardia y los gastos de funcionamiento de la asistencia jurídica gratuita en Andalucía, que financia la Junta y que prestan en Andalucia más de 9.000 profesionales, entre abogados (7.000) y procuradores (2.000).

Al hilo, con el fin de mejorar la asistencia jurídica gratuita, la Consejería de Justicia e Interior tiene operativo el sistema de gestión Temisa, que promueve la transparencia, la agilización de los trámites y la disminución del coste económico que realiza la Administración autonómica para financiar este servicio destinado a las personas con menos recursos.

En concreto, la aplicación permite a los consejos andaluces de abogados y procuradores remitir telemáticamente a la Administración autonómica las certificaciones de pago por el servicio de justicia gratuita sin necesidad de que haya que notificarlos en papel.

Además, se ha instalado en la web de esta consejería un simulador económico de que permite saber al instante si un ciudadano tiene derecho a beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita.

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