La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha iniciado un actuación de oficio para conocer el "control" de los estudios arqueológicos que se tramitan desde la Consejería de Cultura.

En la queja, consultada por Europa Press, el Defensor destaca su "amplia y dilatada" labor de atención al eficaz sistema normativo de promoción y protección del patrimonio histórico artístico, por lo que en los sucesivos Informes Anuales al Parlamento, al igual que en los Informes Especiales, la institución "ha querido contribuir al mejor desempeño de las actuaciones de los poderes públicos para la protección y puesta en valor de nuestra riqueza monumental".

Además, señala que en el amplio escenario de intervenciones de este tipo que se producen en el territorio andaluz, ocupan un lugar "preeminente" las acciones del conocimiento e investigación del patrimonio cultural a través de las intervenciones arqueológicas "con el objetivo de que la investigación revierta en un aumento y cualificación del conocimiento histórico de nuestro pasado y presente", en los términos que afirma el Decreto 168/2003, de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

En este sentido, Maeztu recuerda en esta queja que en mayo de 2015 el Colegio de Arqueólogos de Sevilla y Huelva hizo públicas unas declaraciones en las que afirmaba que "se habría dado una orden interna desde la Dirección de Bienes Culturales de la consejería de no autorizar nuevas intervenciones arqueológicas por la falta de inspectores funcionarios, lo que se traducía en la práctica en la paralización de cientos de obras".

Esta situación, añade la Defensoría, "fue confirmada por miembros del Colegio de Doctores y Licenciados de Ciencias, Letras y Filosofía, uno de cuyos cargos es además miembro de la Comisión de Patrimonio", toda vez que apunta que "las mismas noticias añadían algunos casos, ejemplificativos, referidos a expedientes gestionados por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, pendientes de autorización de Cultura y que fueron paralizados por la falta de estas labores preceptivas de inspección arqueológica".

"Hemos de añadir la circunstancia de que esta polémica, de la que se hicieron eco los profesionales del sector, parece que resultó corregida", aclara el Defensor, que agrega que "en todo caso se apuntaba a la necesidad de adecuar en un futuro el ámbito de intervención de los técnicos arqueólogos en relación con su condición o no de funcionarios para concretar el ejercicio de determinadas potestades inspectoras o sancionadoras".

De este modo, Maeztu señala que "a falta de mayores datos, ha creído conveniente procurar una información directa y actualizada sobre esta situación que permita conocer, en su caso, la entidad del problema y estudiar las medidas de respuesta que se han establecido desde la autoridad cultural".

Por ello, ha considerado oportuno incoar esta queja de oficio para conocer las "razones que, supuestamente, habrían provocado en su día la suspensión o paralización de los expedientes de actividades arqueológicas, los medios personales adscritos a las labores de inspección arqueológica acreditados para el desempeño de las funciones recogidas en la normativa y la intervención de las autoridades culturales para garantizar estos procedimientos reglamentarios, como pudieran ser instrucciones de aplicación, acciones de control para su cumplimiento, dotación de plantillas necesarias, etcétera".