La Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) ha presentado una serie de alegaciones al proyecto de decreto por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, entre las que la red pide que junto a las ayudas económicas para los inquilinos, en el caso de personas sin hogar y aquellas que sufren una situación de exclusión residencial severa, sean complementadas y acompañadas de apoyos sociales.

Según el informe de la Red, al que tuvo acceso Europa Press, ya el pasado 10 de noviembre de 2015 la red, a través de la Mesa del Tercer Sector en Andalucía, consideraba "positivo y acertado" este Plan de Vivienda y Rehabilitación por creer que "se han tenido en cuenta para su definición y diseño a las personas y las circunstancias que las rodean para establecer los objetos del mismo".

No obstante, entonces hicieron una serie observaciones y alegaciones a dicho borrador "y no todas han sido tenidas en cuenta para la redefinición del mismo", aunque, a pesar de ello, la red se congratula de esta nueva redacción y definición del proyecto de decreto por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, ya que "observamos cómo se concreta, aclaran y especifican los distintos artículos, y, sobre todo, cómo se vincula directamente a lo dispuesto en la Ley reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, para proteger los derechos de las personas y evitar y prevenir los efectos perjudiciales que la no habitación de las viviendas produce".

Para la EAPN, es "muy adecuado" que dentro del grupo especial de protección se recoja y especifique a las personas sin hogar, a la personas en situación de dependencia y a las unidades familiares con menores a su cargo".

Asimismo, considera "todo un acierto" el que se recoja el impulso de la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública para la ejecución de las actuaciones contempladas en este decreto.

También considera que la nueva redacción y concreción del artículo 36 sobre ayudas a adquirientes de vivienda protegida, "también nos parece que vela por el derecho de las personas, y se tienen en cuenta sus circunstancias personales y familiares".

Sin embargo, sigue reivindicando, dentro del artículo referente a los planes municipales de vivienda y suelo, que los programas de actuación "incluyan medidas específicas según el análisis socio-demográfico realizado y que en la participación en la formulación y desarrollo de los planes municipales de vivienda y suelo, se cuente también con las entidades sociales que trabajan directamente con las personas y colectivos más vulnerables y desfavorecidos".

Asimismo, en relación con la comisión de seguimiento, la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social reclama que añadan dos representantes de las organizaciones sociales que forman parte del Observatorio de la Vivienda de Andalucía, toda vez que "observamos cómo se han añadido a las organizaciones de consumidores y usuarios de Andalucía, a las organizaciones vecinales pero, seguimos viendo imprescindible que las personas y colectivos más vulnerables y desprotegidos también representados en este comité de seguimiento, de ahí la importancia de que la Mesa del Tercer Sector de Andalucía forme parte de dicho comité".

Ha valorado el hecho de que "a los dos años de entrada en vigor del Plan se realice una revisión en cuanto objetivos, financiación, actuación y programación de los planes municipales", pero considera que "debe completarse con evaluaciones específicas de impacto de dichos planes ante la exclusión residencial severa".

Asimismo, reivindica que en el programa de ayudas a personas inquilinas, éstas "no solo tienen que ser ayudas económicas, sino que además a las personas sin hogar así como aquellas que sufren una situación de exclusión residencial severa, deben complementarse y acompañarse de apoyos sociales".

Por último, en cuanto al programa de rehabilitación energética, la EAPN sigue reclamando "no sólo la mejora de la eficiencia energética, la reducción del consumo y la lucha contra el riesgo de pobreza energética y exclusión social".

Recuerda que "existe la pobreza energética y esto se combate proporcionando recursos, amén de que estos sean los adecuados". "No se puede rehabilitar lo que no existe, primero habrá que habilitar", ha aseverado.

La red considera que "es una ventaja disponer tanto de un presupuesto como de los indicadores de los objetivos a conseguir, pero sólo servirá si atienden y cubren las necesidades de nuestra Comunidad y sobre todo si ante el mapeo y diagnóstico que se realiza cada año, estos se van adecuando".