La Defensora del Pueblo pide más medios personales para los juzgados de Alicante ante la "sobrecarga de trabajo"

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido más medios personales, como el refuerzo de funcionarios, para los juzgados de Alicante ante la "sobrecarga general de trabajo" que presentan, lo que impide "su normal funcionamiento".

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido más medios personales, como el refuerzo de funcionarios, para los juzgados de Alicante ante la "sobrecarga general de trabajo" que presentan, lo que impide "su normal funcionamiento".

Becerril, en su informe de actividad de la institución correspondiente a 2015, explica que el Consejo General del Poder Judicial comunicó que en la Audiencia Provincial y los juzgados de lo penal de Alicante se habían ido adoptando diferentes medidas para asumir el trabajo, pero la Defensora entiende que "para conseguir su plena normalización resulta imprescindible que se les dote de los medios personales necesarios, entre ellos, el refuerzo de funcionarios".

Por ello, la institución inició actuaciones con la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas de la Generalitat, quien informó que se había trazado un plan para reducir la sobrecarga de trabajo, atendiendo a la disponibilidad presupuestaria, que consistía en la redistribución de plantillas.

En el caso de Castellón se pudo llevar a cabo, pero no en Alicante, ya que "los juzgados de instrucción soportan actualmente una carga de trabajo más elevada que impide dicha redistribución".

La Defensora del Pueblo indica que, teniendo en cuenta la actual situación económica, se intenta reforzar con medios personales los órganos judiciales más sobrecargados o con situaciones especiales coyunturales, mediante la elaboración y aprobación de planes de refuerzo.

El último de ellos, aprobado para el tercer trimestre de 2015, ha supuesto el nombramiento de tres médicos forenses, 30 tramitadores procesales y seis auxilios judiciales en toda la comunidad, reforzándose la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante con sede en Elche con un funcionario del cuerpo de tramitación procesal y administrativa y el Instituto de Medicina Legal de Alicante con dos médicos forenses.

Por su parte, la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia confirmaba que el secretario coordinador provincial de Alicante había solicitado durante el último año diversos refuerzos en su ámbito competencial.

En la actualidad existen cuatro secretarios de refuerzo en Elche, dos en Orihuela y uno en Torrevieja por ser las situaciones "más urgentes a resolver". No obstante, "quedan pendientes de estudio el resto de peticiones presentadas, condicionadas por la limitación presupuestaria en el ámbito de la Administración de justicia", indica Becerril.

Registros civiles

En el apartado de registros civiles, el informe destaca la mayoría de las quejas recibidas se concentran en los de Madrid, la Comunitat Valenciana, Andalucía, Canarias y Cataluña.

Junto a los madrileños, los registros civiles más afectados están en la Comunitat Valenciana, en concreto, en Alcoi, Alicante, Benidorm, Denia, Elche, Gandia, Mislata, Orihuela, Paterna, Sagunto, Torrevieja, Valencia y Vinarós.

El informe también señala que varias comunidades, entre ellas la valenciana, no han completado la implantación del sistema de cita previa telemática en los registros civiles, a pesar de que aceptó la recomendación de la institución.

Prisión de siete aguas

Por otra parte, la Defensora del Pueblo advierte de que el nuevo centro penitenciario de Valencia, cuya ubicación está prevista en la localidad de Siete Aguas, está "paralizado". También subraya que el Centro de Inserción Social de la Comunitat Valenciana se encuentra pendiente y se ha demorado hasta el año 2019 la fecha prevista de finalización de obras.

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