El juez de Instrucción número 16 de Sevilla ha citado a declarar como investigado este próximo miércoles a un interventor delegado de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta en el caso donde se investigan las irregularidades en procedimientos de contratación para adjudicar obras seguidos por la comunidad de regantes Las Marismas del Guadalquivir tras recibir en 2004 una subvención de 40,1 millones para la modernización de su red de riegos.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que, a petición de la Fiscalía de Sevilla, el juez Juan Gutiérrez Casillas ha citado a declarar el próximo miércoles en calidad de investigado —lo que se conocía anteriormente como imputado— al interventor delegado Juan Luque, que también está imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

El instructor lo cita a declarar como investigado "por su participación como interventor delegado de la Consejería de Agricultura en el pago de la subvención correspondiente a la primera certificación" de las obras —4,2 millones— "desobedeciendo por completo al procedimiento establecido y sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos para la autorización de dicho pago".

Los agentes del Equipo de Delincuencia Económica y Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Sevilla ya tomaron declaración como imputado por un delito de prevaricación a Juan Luque, actual interventor de la Consejería de Hacienda de la Junta, ya que según los agentes habría firmado una serie de documentos "imprescindibles para que la Tesorería del Instituto Andaluz de Reforma Agraria haga efectivo el pago de la subvención en la primera certificación".

Asimismo, el juez ha citado a declarar el próximo jueves a seis personas en calidad de testigos, entre técnicos y funcionarios de la Consejería de Agricultura.

También a petición del Ministerio Público, el juez Juan Gutiérrez Casillas ordenó que dos técnicos de la Junta que sean especialistas en regadíos y obra pública elaboren un dictamen pericial donde se analice la obra realmente ejecutada, la obra certificada y la obra realmente pagada, y donde también hagan una comparación de los diferentes proyectos.

En esta causa, cabe recordarlo, hay una veintena de personas encausadas, entre ellas dos ex altos cargos y tres funcionarios de la Consejería de Agricultura de la Junta.

Según el juez, fue el 13 de octubre de 2004 cuando el presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria dictó una resolución por la que se resolvía favorablemente la solicitud realizada por esta comunidad de regantes y se aprobaba así el proyecto de modernización presentado con un presupuesto de inversión subvencionable de 66,6 millones, de los que se concedía a los regantes una subvención de 40,1, el equivalente al 60,23 por ciento del total.