La presidenta de Foro Asturias, Cristina Coto, ha afirmado que "la inactividad del gobierno de Javier Fernández provocará la huelga del servicio de limpieza del Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea", que según afirma "está prevista por los trabajadores a partir del día 8 de marzo, lo que supone una grave amenaza para la prestación del servicio, máxime cuando se trata de una cuestión anunciada y perfectamente previsible que requiere de la lógica anticipación por parte de cualquier gobierno mínimamente diligente en la atención de sus funciones".

En una nota de prensa ha señalado que la huelga convocada por la representación legal de los trabajadores del servicio de limpieza del hospital de Cangas "se debe a varios incumplimientos del pliego de condiciones del contrato de este servicio, ante la falta de cobertura de las plazas vacantes que se ha producido durante largos periodos de tiempo y que provoca un aumento del trabajo del personal, de forma ilógica e injustificada, para suplir dichas carencias o faltas de cobertura".

Coto afirma que "el pliego de la adjudicación, por un periodo de dos años, recoge la obligación de la empresa adjudicataria de adecuar el número de trabajadores a las necesidades del servicio, además de mantener estabilidad en el equipo de trabajo únicamente con variaciones puntuales en su composición, por razones justificadas para no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento al responsable del contrato, con la obligación de abonar salarios, conceder permisos, licencias y vacaciones, sustituciones en caso de baja o ausencia, y las obligaciones legales en la materia derivadas de la relación contractual".

Reucerda que "la empresa contratista se obliga a entregar, con la periodicidad que la gerencia lo exija, informe sobre los servicios prestados, estado y situación de los elementos sobre los que su personal o subcontrata actúa y, en general, cuanta información la gerencia recabe para un mejor control de la ejecución de este contrato, cuestión que garantiza -a juicio de Cristina Coto- la potestad de control del gobierno".

En su opinión, "un gobierno supuestamente socialista y obrero no debería consentir la explotación laboral constante y el impago de salarios en un centro sanitario público, máxime a tenor de los dispuesto en el apartado 13.1 del pliego, denominado Penalidades administrativas, indemnización de daños y perjuicios, que permite en caso de ejecución defectuosa del contrato, o incumplimiento de los compromisos o condiciones especiales de ejecución del mismo imponer penalidades en proporción a la gravedad del incumplimiento de hasta el 10 % del presupuesto del contrato".

La diputada sostiene que "entre las especialidades del gobierno de Javier Fernández hay que incluir la de permitir constantemente el incumplimiento de los pliegos contractuales que rigen las licitaciones públicas y que pagan los trabajadores, recordando lo sucedido en el caso de la empresa TRAGSATEC, que al incumplir los pliegos de adjudicación de la campaña de saneamiento ganadero ha supuesto el despido de varios trabajadores; tal como sucede en el Hospital San Agustín de Avilés con el servicio de seguridad o ahora en el de Cangas del Narcea con el de limpieza, el incumplimiento por parte de las respectivas empresas, de los pliegos que rigen la contratación de las prestación del servicio, supone penalidades para los trabajadores, con la permisividad, conocimiento y consentimiento del gobierno de Javier Fernández".