Sindicatos acuerdan petición para abordar en Sectorial el horario docente de Secundaria al persistir "irregularidades"

CSIF pide la derogación del decreto o, en su defecto, la negociación para que recreos, guardias y tutorías computen como horas lectivas

Los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación de Andalucía —CSIF, CCOO, FETE-UGT, ANPE y Ustea— han acordado una reclamación a la Consejería para que ésta lleve al seno del organismo, de cara a su debate, la situación del horario docente en Secundaria, al entender que persisten las "irregularidades" en el proceso de confección de los mismos.

"Todo sigue igual que estaba, no ha habido medidas por parte de la administración en cuanto al incremento de la plantilla, ni cambio normativo, ni iniciativas que hayan podido modificar la situación", ha explicado a Europa Press el presidente del Sector de Enseñanza de CSIF-A, Francisco Hidalgo.

La idea es abordar el asunto para que el próximo curso académico no se dé la misma situación de "horarios fuera de la legalidad", habida cuenta de que hasta ahora "los centros, dentro de su autonomía, vienen organizándose lo mejor posible para cumplir con su deber, pero el problema no se ha solucionado porque la tesitura es ilegal desde el punto de vista normativo".

La principal petición, según Hidalgo, es la derogación del decreto para volver a las 18 horas lectivas, y si no se llegara a este punto, negociar que se tengan en consideración cuestiones como la computación de recreos, guardias y tutorías como horario lectivo. "Andalucía tiene capacidad normativa para ello", ha asegurado, lamentando que a día de hoy "el profesorado realiza más trabajo en menos horas".

El conflicto deriva del cambio de la norma reguladora del horario docente en la Educación Secundaria por parte de la Junta de Andalucía, de tal forma que éste pasa a ser de un máximo de 25 horas, en lugar de un mínimo de 25.

En una entrevista concedida a Europa Press, la consejera del ramo, Adelaida de la Calle, recordaba a este respecto la existencia de una disposición que hablaba del mínimo de 25 horas, mientras que una legislación superior básica hablaba de un máximo de este mismo número. "Lo que hemos hecho ha sido adaptarnos", ha precisado.

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