La Plataforma de Afectados por la Ampliación del Espacio Protegido de El Hito ha registrado este viernes en la delegación de la Junta de Comunidades en Cuenca "cientos" de alegaciones a dicha ampliación de la ZEPA y la Red Natura 2000 de la Laguna de El Hito al entender que se han producido "defectos de procedimiento de gran trascendencia porque afectan a derechos fundamentales", así como por estimar que se ha realizado "en fraude de ley y con un claro abuso del derecho por parte de la Administración de la comunidad autónoma", según ha explicado la representante legal de la plataforma, Pilar Martínez.

En declaraciones a los medios, Martínez ha agregado que se trata de alegaciones frente a lo que definen como un "atropello a cientos de ciudadanos por motivos bien distintos de la protección medioambiental". "Consideramos que se trata de una cuestión más bien política, para impedir la construcción del ATC", ha valorado.

A este respecto, ha lamentado que se haya cercenado el derecho "a la defensa, a participar en la elaboración de normas medioambientales, a que seamos llamados como interesados", así como el derecho a la seguridad jurídica, porque, ha espetado, "carecemos de mapas indubitados que nos definan realmente la extensión territorial".

La letrada ha criticado, asimismo, que el Gobierno regional haya utilizado "instrumentalmente" la ampliación de esta figura de la Red Natura 2000 para, "mediante este procedimiento, intentar su paralización", lo que, ha subrayado, "supone un perjuicio enorme para cientos de personas y para los municipios a los que afecta", entre los que ha citado Villar de Cañas, Huete, Saelices, Montalbo, El Hito, Villarejo de Fuentes, Zafra de Záncara, Villares del Saz y Almonacid del Marquesado.

Una ampliación que, ha recordado, exige una serie de estudios técnicos y científicos previos que, "generalmente, lleva tiempos largos, incluso años", por lo que, a su juicio, "en tres meses, desde luego, no se puede hacer un estudio ni técnico ni científico serio". "Ni sobre aves, ni sobre absolutamente nada", ha concluido.

Y todo ello, ha precisado, teniendo en cuenta que estas figuras "afectan a cualquier tipo de actividad, desde al simple residente hasta al agricultor o el empresario", pero también "al urbanismo, el desarrollo de los pueblos, el turismo, absolutamente todo el mundo". "Basta ver los planes de gestión que hay para la figura Red Natura que está aprobada de 900 hectáreas y si eso lo extendemos a 25.000, es para irse", ha asegurado.

El periodo de alegaciones finaliza el próximo día 28, pero, según Martínez, hay personas que habrían recibido una notificación personal por la que se amplía dicho plazo, aunque, ha aclarado, "en principio la intención es presentar un gran número antes del 28".

En cuanto al modelo de alegaciones, que han presentado en el interior de varias cajas por cada municipio afectado, Martínez ha afirmado que, pese a que "los defectos procesales y las carencias son comunes para todas las alegaciones", existen casos que, "por su enorme incidencia para una actividad determinada o para un propietario, se hacen adaptadas a una situación concreta".

En este punto, ha aseverado que la Administración tiene la "obligación de responder, pero, desgraciadamente, estamos acostumbrados a que no respondan o a que lo hagan con modelos genéricos o después de haber abierto periodos posteriores".

De ser rechazadas, el asunto llegará al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha "con posibilidad de recurso de casación ante el Tribunal Supremo", ha anunciado la letrada.

Más de 300

Familias afectadas

Por su parte, el presidente de la plataforma, Luis María Bilbao, ha detallado que los vecinos se sienten "perjudicados en todo, al cien por cien", ya que la economía de la comarca está basada en las tareas agrícolas y son "más de 300 familias" las afectadas y no porque a los impulsores de la medida "les encanten los animales ni las grullas".

"En un espacio protegido", ha remarcado, "no puedes hacer absolutamente nada", denunciando lo que considera una "chapuza hecha desde el principio, con unos fines que no son, ni muchísimo menos, ecológicos" y que lo "único que pretenden es impedir la construcción del ATC a costa de 300 familias", algo que, ha advertido, "no vamos a permitir y vamos a luchar hasta la última consecuencia".

Al presidente regional, Emiliano García-Page, le ha aconsejado que "aquí lo que hay que hacer es crear puestos de trabajo, no machacarlos y creo que no se ha enterado todavía". "Con la paralización del ATC", ha apuntado, "no se van a crear muchísimos puestos de trabajo y con la ampliación de la ZEPA se van a destruir muchos puestos", por lo que el "problema es que estamos yendo al revés".

En la misma línea, el empresario Santiago Escobedo ha confirmado que su sector "ha visto mermada la actividad muchísimo" porque hay "muchas otras iniciativas que estaban iniciándose en la zona y que se han visto paralizadas por la incertidumbre que genera todo este proceso". "Tenemos un montón de proyectos de todo tipo que, frente a esta incertidumbre, están bloqueados y con toda la zona en standby, no solo el ATC", ha dicho.

Escobedo ha indicado, en este sentido, que hay empresas que han cerrado y otras que están "en modo supervivencia y no van a soportar mucho más tiempo esta situación".

Desde la plataforma recuerdan que las alegaciones también se pueden presentar por correo y tienen "la misma validez que las que se han presentado en la delegación de la Junta".