La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha señalado este jueves que la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la nulidad del Plan Parcial Marina d'Or Golf de Cabanes (Castellón) supone un "varapalo" al modelo urbanístico del PP "porque es la administración autonómica la que tenía que proceder a la aprobación de todos estos proyectos para su tramitación en la Conselleria".

Según ha recordado, la sentencia se produce tras el recurso de casación que presentó, entre otros, la Generalitat valenciana en 2014 y se fundamenta "en que se valoró el impacto ambiental en base a la Ley 4/2004 de Ordenación del Territorio y el criterio del Supremo es que debía de haberse aplicado en el momento de la tramitación la Ley 9/2006 de Evaluación Ambiental estatal, y declara que una no sustituye a la otra".

La consellera ha anunciado que la sentencia permitirá que los dos planes generales que están tramitándose tanto en Cabanes como en Oropesa "se puedan adaptar al nuevo modelo territorial bajo los parámetros de sostenibilidad y racionalidad que ha iniciado el nuevo Gobierno valenciano y que contribuirá a un nuevo modelo en la provincia de Castellón".

Así mismo, Salvador ha señalado que la instancia judicial en el territorio español queda "finiquitada" con esta sentencia, y, por tanto, por parte de la Generalitat valenciana "la vía judicial la consideramos finiquitada".

La consellera ha destacado que la sentencia del Tribunal Supremo avala la "falta de seguridad jurídica" en estas actuaciones "que se ha propiciado desde la administración autonómica, que es un principio fundamental que no podemos olvidar nunca, por lo que estaremos siempre garantizándolo".

Legalidad vigente

Por otra parte, ha advertido de que "cualquier iniciativa y expediente que se presente por parte de cualquier empresa tendrá la tramitación que corresponda porque hay que garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente". Por eso, ha dicho, "hemos iniciado un nuevo modelo urbanístico bajo los criterios de racionalidad y sosteniblidad, por lo que cualquier proyecto que se presente a la Conselleria será estudiado como corresponde y garantizando el principio de seguridad jurídica".

Así, a preguntas de los medios, Salvador ha subrayado que el Gobierno valenciano valorará los planteamientos de la iniciativa privada, "pero los dos planes generales se deberán adaptar a la nueva realidad".

Cuestionada sobre si se podría llevar a cabo un proyecto de parque como el que estaba planificado, la consellera ha manifestado que "si la empresa quiere modificar el proyecto, tendrá que presentarlo a la Conselleria y se iniciará la tramitación que corresponda, pero este Gobierno apuesta por proteger el territorio".

Por su parte, el director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, Lluis Ferrando, ha explicado que éste es un PAI que se ha tramitado en dos municipios distintos —Oropesa y Cabanes— pero, en realidad, "es un único proyecto, por lo que no se puede separar una cosa de la otra". "El PAI de Oropesa ya está aprobado y es firme, lo que pasa es que éste no puede ejecutarse sin el PAI de Cabanes", ha añadido.

Por lo tanto, —ha advertido— "habrá que revisar los planes generales de Cabanes y Oropesa, y creo que ésta es una gran noticia para todos, puesto que nos permite hacer una nueva planificación de ambos pueblos con unos criterios ambientalmente más rigurosos y ajustados a la realidad socio-económica actual".

Pérdida millonarias

Al respecto, Ferrando, ha afirmado que este proyecto era una vía que únicamente conducía a "pérdidas millonarias de cualquier cosa que allí se invirtiera, puesto que está absolutamente sobredimensionado, además de que no se ha hecho con los criterios ambientales que correspondía".

Ha recordado que es el mayor PAI de Europa que preveía 800.000 metros cuadrados para un parque de atracciones, "y la Generalitat valenciana, evidentemente, no puede hacer este tipo de inversiones".

"El Supremo, reconociendo esta falta de viabilidad ambiental, nos permite replantear todo el futuro del crecimiento de las dos poblaciones con criterios de racionalidad y sostenibilidad ambiental", ha señalado.

Finalmente, ha destacado que el consumo de agua y de recursos y la necesidad de infraestructuras de este PAI era aproximadadmente un tercio del suelo urbano de toda la provincia de Castellón.