Facua Andalucía ha criticado este jueves la negativa de PSOE, PP y Ciudadanos a que la Junta haga públicas las multas impuestas a empresas por fraudes a los consumidores.

Según ha señalado la organización de consumidores en una nota, se trata de una información "esencial" para prevenir abusos al comprar un producto o contratar un servicio, que además ayudaría a los consumidores a estar al tanto de la ilegalidad de determinadas prácticas y, con ello, promover que actúen en consecuencia, reclamando, por ejemplo, el reembolso de cantidades cobradas indebidamente.

"PSOE, PP y Ciudadanos no sólo se han posicionado del lado de las

empresas que defraudan, sino que se han negado a que la Junta cumpla la

ley", ha advertido Facua-Andalucía. Según ha detallado, la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía establece en su artículo

20.3.g que las autoridades de consumo de la Junta deberán facilitar a los ciudadanos "información sobre las sanciones firmes impuestas en el plazo de tres años". Información que se viene negando a los consumidores y a Facua desde la aprobación de dicha norma, hace 13 años.

Junto a "la falta de transparencia" en sus actuaciones sancionadoras, Facua Andalucía viene denunciando la "inacción" de la Junta en la protección de los consumidores, que "está favoreciendo la existencia de fraudes masivos cometidos con impunidad especialmente por parte de la banca, las grandes compañías de telecomunicaciones, energéticas y automovilísticas".

En esta línea, ha apuntado que, en 2015, "un año histórico por el número de denuncias y la magnitud de los fraudes empresariales sufridos por los ciudadanos la Junta de Andalucía mantuvo su autoridad de Consumo bajo mínimos en medios

técnicos y sin unas líneas de actuación marcadas por su dirección política". De hecho, ha insistido en que "la Dirección General de Consumo estuvo funcionando sin un responsable al frente durante buena parte del año".

Por último, ha detallado que el año pasado los andaluces plantearon casi 40.000 consultas y reclamaciones en Facua y sus ocho asociaciones provinciales. Las

denuncias batieron en 2015 todos sus récords, con un incremento de nada menos que el 72 por ciento con respecto al ejercicio anterior.