La Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid (Arturo Soria, 143) tiene paralizados en sus dependencias 150.000 expedientes de transferencias de coches usados que han cambiado de dueño en los últimos meses. Los concesionarios dedicados a la venta de vehículos y los gestores administrativos se han quejado por el colapso de una de las dependencias oficiales más lentas de España, con 9.500 trámites al día y un déficit de casi un centenar de puestos de trabajo sin cubrir.

El cambio de titularidad en la propiedad de un coche, un trámite que podía resolverse en dos días antes del verano de 2004, tarda ahora, si hay suerte, cuatro o cinco meses: durante ese tiempo, el antiguo propietario sigue recibiendo las multas y los impuestos correspondientes al nuevo dueño.

El comienzo del colapso, a mediados de 2004, coincidió con el final del contrato temporal de un centenar de personas que habían sido empleadas para agilizar los canjes de permisos de conducir de extranjeros. Al dejar de trabajar este personal laboral, su carga de trámites recayó en el resto de los 300 funcionarios de plantilla.

Los funcionarios «huyen»

Todos admiten que la situación es grave. Un portavoz de la Dirección General de Tráfico (DGT) dijo ayer a 20 minutos: «Es un sitio duro y con mucho trabajo y los funcionarios escapan a otros destinos más llevaderos». El presidente de la comisión de Tráfico del Colegio Oficial de Gestores Administrativos, Miguel Ángel Bravo, precisó: «El problema es que no tienen personal, pero el atasco es de tal calibre que nos está causando perjuicios económicos y de mala imagen».

Los gestores administrativos, que mueven cada año la documentación de más de medio millón de cambios de titularidad de coches, han elevado la queja a la DGT. Ésta aliviará la situación con un «plan de choque» que incluye la contratación temporal de cien empleados «a muy corto plazo». A medio plazo quieren ofrecer «soluciones informáticas» que agilicen los trámites.

«El peor servicio de España»

Según una inspección interna de la DGT, el departamento está en el punto sin retorno en el cual la calidad comienza a ser chapucera. El umbral de 6.000 cargas de trabajo por empleado y año, el máximo recomendado para garantizar una respuesta de calidad, está siendo superado en 1.396. Éste es «el peor servicio administrativo de España», según CC OO.