Las quejas al Defensor del Pueblo procedentes de Andalucía bajaron un 3,5 por ciento el año pasado en relación con el anterior, al pasar de 2.252 tramitadas en 2014 a 2.173 en 2015, según recoge el Informe Anual de la institución, presentado este jueves ante del Congreso y el Senado por la responsable de la institución, Soledad Becerril.

Por provincias, el mayor numero procedió de Sevilla, con 634; seguida de Cádiz, con 348; Málaga, 332; Granada, con 331 y Córdoba, de donde procedían 159 quejas tramitadas. Otras 153 llegaron de Almería, 123 de Jaén y 93, de Huelva.

Por comunidades autónomas, el informe explica que las cifras están muy vinculadas al volumen de población, aunque también a la existencia o no de un defensor del pueblo autonómico. Madrid el lugar desde donde más se interpusieron, 4.899; seguida de la Comunidad Valenciana, con 2.266; Andalucía ocupa el tercer puesto, seguida de Cataluña, con 1.542; Castilla y León, 972; Castilla-La Mancha, 839; y Galicia, 731.

A nivel general, los temas relacionados con la administración de justicia, seguridad pública, actividad económica, sanidad, empleo y educación centraron el grueso de las quejas, individuales y agrupadas, ante el Defensor del Pueblo durante 2015, que caen un 23,13 por ciento respecto al año anterior hasta las 17.822.

Además de las quejas, el documento da cuenta de las actuaciones de oficio abiertas a iniciativa de este organismo durante 2015, que ascienden a 522 (un 6,7% más que en 2014), a las que hay que añadir los 123 escritos de solicitudes de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional, que se han reducido a más de la mitad respecto a hace un año, cuando se presentaron 289.

En total, por áreas, las quejas, actuaciones de oficio y solicitudes de interposición de recurso ante el TC en 2015 sobre administración de justicia ascienden a 1.902. Le siguen las relativas a la seguridad pública (1.798); actividad económica (1.769); sanidad (1.465); empleo y seguridad social (1.233); educación (1.202); impuestos (1.136); función y empleo público (1.117); política social (917); migraciones (882); centros penitenciarios (465); medio ambiente (446); vivienda (365); urbanismo (357); administración local (239); igualdad de trato (119); prevención de tortura (106); y 'otros ámbitos' (2.436).

Como consecuencia de estas quejas, la institución formuló 1.503 resoluciones de las que 706 eran recomendaciones, 613 sugerencias y 184 recordatorios de deberes legales. El 42% de todos estos requerimientos fueron aceptados, el 13,2 por ciento se rechazaron y el resto, seguían pendientes al cierre del año pasado.

En cuanto a la forma de presentación de las quejas, los ciudadanos optaron en un 35,3 por ciento de los casos por rellenar el formulario disponible en la web de la institución, dos puntos más que un año antes. El 31,39% la remitieron por correo postal, cuando en 2014 esta vía se utilizó en el 38,9% de los casos. Subió, por contra, el correo electrónico, que ya supone el 25,71%, frente al 15,08% del año anterior.

Administraciones que no colaboran

Por otra parte, el informe revela que el Defensor redujo de 36 a 29 días el tiempo medio que tarda en dar su primera respuesta al ciudadano. Sin embargo, las administraciones públicas tardaron más que un año antes en contestar a los requerimientos de la institución: 85 días de espera media frente a los 71 que marcaban en 2014. La más lenta es la administración autonómica, que se demora 97 días de media.

Sin embargo, no todas las instituciones colaboran y de hecho, el Defensor del Pueblo denunció el año pasado al Ayuntamiento de Arenys de Mar (Barcelona) ante la Fiscalía por negarse explícitamente a hacerlo. Sin llegar a esta situación pero señaladas como "entorpecedoras" de su labor, constan 38 administraciones locales, ninguna de ellas andaluza, y los gobiernos autonómicos de Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Ceuta, Madrid y Asturias.

"Se conocen las carencias y falta de medios materiales y humanos de los pequeños municipios y las dificultades que les puede plantear recopilar la información requerida; pero ello no les exime de la obligación de contestar al Defensor del Pueblo", dice el informe.

No han contestado al tercer requerimiento

Entre las administraciones que se consideran poco colaboradoras por no haber contestado al tercer requerimiento formulado por el Defensor, sí hay varios ayuntamientos andaluces, como el de Granada capital, que forma parte de esta lista porque la institución le solicitó ampliación de información sobre la falta de respuesta a una solicitud de información referida a intervenciones de la Policía Local y, a cierre del informe, la respuesta al tercer requerimiento —formulado el 10 de septiembre de 2015— no había llegado.

El Defensor del Pueblo también recoge que tampoco contestaron a su tercer requerimiento el Ayuntamiento de Macael (Almería), por el impago de obras realizadas en una urbanización; el de Molvízar (Granada), del que se esperaba u na respuesta sobre una solicitud de información sobre la licencia municipal de unas obras; o el de Coín (Málaga), al que se le pidió información sobre la competencia para prestar el servicio de abastecimiento de agua en una urbanización.