La Defensora del Pueblo recibió casi 18.000 en 2015, sobre todo por la lentitud de la justicia

  • La Defensora del Pueblo recibió 17.882 reclamaciones de ciudadanos en 2015, un 23% menos que un año antes.
  • Las quejas relativas a la justicia aumentaron un 65% respecto a 2014 con la dilatación de los procesos judiciales como principal punto candente.
  • El 52% de las quejas remitidas a la Defensora del Pueblo sobre política social están relacionadas con situaciones de pobreza y exclusión.
  • La institución señala que asuntos como el voto rogado, la inflexibilidad del fisco o la lentitud para otorgar becas vulneran los derechos de los ciudadanos.
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, durante una comparecencia en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, en el Senado.
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, durante una comparecencia en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, en el Senado.
EFE/Sergio Barrenechea

El conjunto de los ciudadanos remitió en 2015 un total de 17.882 quejas al Defensor del Pueblo, un 23% menos que en 2014. Los asuntos relacionados con la administración de justicia (1.834), la actividad económica (1.671), la seguridad pública (1.249), el empleo y la seguridad social (1.227) e impuestos (1.108) fueron los que suscitaron un mayor número de reclamaciones.

La Memoria Anual de 2015, que la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha entregado al presidente del Congreso, Patxi López, recoge los datos referentes a la actividad de la institución en el pasado año así como una serie de recomendaciones a las administraciones públicas para mejorar aspectos concretos de la administración.

Dicho informe establece que, a pesar del descenso en las reclamaciones, las actuaciones de oficio del Defensor del Pueblo aumentaron un 6,5%. Además, se formularon 706 recomendaciones, de las que las administraciones aceptaron 311, rechazaron 95 y 300 están pendientes de respuesta.

La Defensora del Pueblo propuso también un total de 613 sugerencias, de las que 324 fueron aceptadas, 112 rechazadas y 177 aún están pendientes. Becerril ha resaltado que la institución tarda una media de 29 días en responder a las quejas de los ciudadanos y 47 en emitir una resolución tras recibir la respuesta de la Administración.

El informe resalta, entre otras cosas, quejas sobre los retrasos en la administración de justicia, la ineficiencia del sistema público de vivienda, las carencias en la oferta de plazas escolares y el reparto de becas, la creciente tendencia de los agresores machistas a atacar a los hijos de sus víctimas, las demoras en la tramitación de peticiones de asilo, los problemas con el pago de prestaciones por parte de la administración, las dificultades de residentes en el extranjero para ejercer su derecho al voto, la inflexibilidad del fisco para facilitar que el contribuyente pague sus deudas y el uso de material peligroso por parte de los agentes de seguridad.

Una justicia demasiado lenta

Los retrasos en la administración de justicia, actuaciones y señalamientos, centraron la actuación del Defensor del Pueblo en esta área. El número de reclamaciones sobre justicia aumentaron un 65% respecto a 2014. El informe advierte que las quejas relativas al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas continúa reflejando una situación de retraso "frente a la que no se encuentra solución".

El Defensor del Pueblo resalta también que la alta litigiosidad "parece ser una constante sociológica" que no se ha visto afectada por la existencia de tasas judiciales. Finalmente, el informe señala que la abogacía como objeto público sigue siendo objeto de algunas quejas, aunque menos que en años anteriores, y reivindica que "conviene destacar la necesidad de reforzar las dotaciones para la justicia gratuita".

Las ayudas públicas a la vivienda, bajo minimos

El Defensor del Pueblo pide al Estado y a las comunidades autónomas que impulsen una legislación suficiente que garantice el derecho constitucional del acceso a una vivienda, y que, mediante los presupuestos, doten de recursos a las administraciones para materializarlo. Para ello pide que pongan el parque de vivienda pública en alquiler "a precios razonables" a disposición de las familias en situación de vulnerabilidad. El informe destaca que en 2015 se produjo un importante incremento en el número de quejas sobre retrasos e impagos de ayudas públicas a la vivienda.

Otro de los problemas señalados es el derivado de la adjudicación de viviendas de protección pública. Sobre este asunto el Defensor del Pueblo denuncia que los solicitantes se encuentran en una situación de inseguridad jurídica al desconocer la baremación de las solicitudes y su posicionamiento entre el resto de peticionarios.

El informe también detecta una tendencia creciente en cuanto al número de quejas respecto a problemas relacionados con las ocupaciones ilegales de inmuebles. Finalmente, el Defensor del Pueblo pide que la Sareb –conocido como el banco malo- incorpore al Fondo Social de Vivienda, una petición que el Ministerio de Economía rechazó argumentando que Sareb no es un instrumento de vivienda sino financiero.

La educación necesita renovarse y dar las becas en tiempo y forma

El Defensor del Pueblo destaca carencias en la oferta de plazas escolares en determinados niveles educativos o en ciertas localidades, lo que revela “deficiencias en la planificación y previsión de las necesidades presentes y futuras".

Alerta también que es preciso facilitar la adaptación y formación del profesorado, adecuar las instalaciones, renovar los materiales didácticos y poner en marcha de nuevos procesos de formación y aprendizaje. Por otro lado, apunta que la violencia escolar es un problema latente que puede llegar a tener graves consecuencias y al que no se puede dejar de prestar atención.

Sobre la enseñanza a nivel universitario, el Defensor del Pueblo tuvo quejas de alumnos por la revocación de importes de becas que no llegaron a ingresarse en la cuenta bancaria al beneficiario debido a las deudas contraídas por el titular de la misma. También denuncia que en Andalucía y Cataluña las becas se entregan con varios meses de demora respecto al resto de comunidades.

La violencia machista extendida a los hijos como un forma de herir a la madre

Sobre la violencia machista, la institución destaca una tendencia preocupante: el aumento del número de menores de edad que han sido asesinados por sus padres como un modo de infligir el mayor daño posible a sus madres. En 2015, ocho menores murieron a manos de padres maltratadores.

La institución explica que, a este respecto, ha pedido que se concrete la ejecución del protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar, dentro del Estatuto de la Víctima, que entró en vigor en 2015 y que busca visibilizar como víctimas a los menores que viven en esos entornos de violencia.

La institución que preside Becerril recuerda que la ley de custodia compartida no salió adelante en la tramitación parlamentaria y reclama a Justicia que le informe sobre las medidas que se adopten en relación con el régimen de custodia y visitas para la protección de los menores en un contexto de violencia de género.

Demoras en los trámites de peticiones de asilo

El Defensor del Pueblo ha alertado de las "graves consecuencias" para los refugiados de las demoras en los trámites de sus peticiones y reclama a la Policía que grabe todas las citas de presentación de solicitud de asilo ante la constatación de los problemas que tienen los solicitantes para acreditarlas. También pide que se facilite el acceso a España de los familiares de personas a las que ya se les ha concedido el asilo, sin esperar a la resolución del expediente de extensión familiar.

La institución señala que el principal reto, como única frontera terrestre europea con África, es conseguir una "identificación ágil y de diferenciación" entre las personas que intentan acceder a Europa. Destaca que en 2015 el número de solicitudes de protección internacional fueron 13.000 frente a las 6.000 formuladas en 2014

En el informe anual de la institución, el Defensor muestra su preocupación por el "alto número de menores" en el Centro de Estancia Temporal (Ceti) de Melilla, que en algunos meses de 2015 ha superado la capacidad total, y lamenta que no hayan recibido respuesta las actuaciones abiertas por la situación de personas con discapacidad física severa en los centros.

La pobreza y la exclusión copan las reclamaciones sociales

El 52% de las quejas y actuaciones tramitadas el año pasado por el Defensor del Pueblo en política social están relacionadas con situaciones de pobreza y exclusión. El número de quejas gestionadas el año pasado en materia de política social ha caído un 35,8 % con respecto a 2014, al pasar de 1.319 a 846,

La atención a la dependencia, así como los menores y la protección de la familia concentran, cada una de estas áreas, alrededor de un 15% de las quejas. Un 10% de las cuestiones están vinculadas con la discapacidad y un 6,6% con la protección de las personas mayores.

La institución reconoce que la mayor parte de las Administraciones cuenta con planes de apoyo para personas y familias en situación de riesgo, pero considera que hay "un déficit de transparencia" en las Administraciones públicas a la hora de especificar el gasto público destinado a cuestiones como el mantenimiento de comedores escolares. También señala las numerosas quejas recibidas en materia de copagos por la atención social de distintos colectivos como las personas con discapacidad, mayores y dependientes.

El voto rogado centra las quejas sobre el ejercicio del derecho al voto

El voto por correo desde el extranjero y el mecanismo de nombramiento de los miembros de las mesas electorales agrupan el mayor número de quejas recibidas en materia de régimen electoral el pasado. Han sido más numerosas las quejas que afectan al mecanismo del voto por correo desde el extranjero, de ciudadanos residentes de forma permanente fuera del país así como algunas de ciudadanos españoles residentes de forma temporal fuera de España

El sistema de voto rogado constituye el principal motivo de queja debido a las complejidades que afectan al procedimiento, fundamentalmente por el hecho de tener que solicitar el voto ante la administración.

El Defensor del Pueblo considera necesario que los poderes públicos tomen en consideración la clara limitación tienen muchos españoles para ejercicio del derecho fundamental a participar en los asuntos públicos. Por otra parte señala que se reciben quejas sobre la falta de adecuación de los locales en los que están ubicados los colegios electorales para el ejercicio del voto por personas con movilidad reducida.

Los Mossos utilizan unos cañones de agua cuyo riesgo aún está por estudiar

La defensora del Pueblo solicita que no se usen camiones policiales dotados con cañones de agua -herramienta utilizada por los Mossos d'Esquadra- para disolver manifestaciones hasta que se evalúen los riesgos para las personas que tendría su empleo. "La falta de estudios específicos sobre los riesgos de las personas implica que dicha herramienta policial constituye razón suficiente para que no se utilice hasta que se hayan determinado dichos riesgos y se hayan ajustado las normas de uso a las conclusiones de estos estudios", concluye el Defensor.

El defensor pide también reforzar el control sobre los registros corporales externos para impedir extralimitación policial y vuelve a llamar la atención sobre la negativa de agentes policiales a mostrar su número de identificaión personal.

El informe también analiza los suicidios o intentos de suicido cometidos en calabozos de la Policía y de la Guardia Civil y concluyó que las medidas puestas en marcha para evitarlos "son insuficientes", por lo que la defensora propone implantar un programa de prevención de suicidios. Por este motivo, se hizo una recomendación al Ministerio del Interior para modificar la instrucción que regula la vigilancia de los detenidos, petición que se ha traducido en la creación de un grupo de trabajo para redactar un nuevo protocolo.

La inflexibilidad de Hacienda dificulta al contribuyente cumplir con el fisco

La defensora del Pueblo critica la falta de flexibilidad por parte de Hacienda al tramitar el aplazamiento o fraccionamiento de las deudas tributarias, lo que impide a muchos ciudadanos cumplir con el fisco. Según el informe, son frecuentes los casos de contribuyentes a los que se les concede un fraccionamiento pero con cuotas que superan el importe de sus ingresos mensuales, lo que hace inviable su pago.

La defensora asegura que la Agencia Tributaria (AEAT) "no parece ser consciente de las consecuencias que conllevan sus decisiones" y denuncia que, a pesar de la difícil coyuntura económica de los últimos años, este organismo no ha contribuido a facilitar la recuperación de los contribuyentes, ya sean personas físicas o jurídicas.

Además, incide en que la Secretaría de Estado de Hacienda ha sido impermeable a sus recomendaciones y que se sigue sin hacer nada por permitir fraccionamientos de deuda con cuotas asumibles que tengan en cuenta la situación económica del contribuyente. La defensora señala también los problemas de comprensión que para los contribuyentes supone el lenguaje empleado en las comunicaciones tributarias, especialmente en las diligencias de embargo que para muchos de sus destinatarios resulta ininteligibles.

Atender a los inmigrantes sólo en urgencias no es suficiente

La defensora del pueblo afirma que el derecho a la protección a la salud ampara a los inmigrantes irregulares con "graves procesos de salud" y que atenderles solo en urgencias no se ajusta a la ley de cohesión del sistema de salud.

El informe presentado este martes cuantifica en 1.422 (560 individuales y 862 agrupadas) las quejas de los ciudadanos en materia sanitaria frente a las 743 (597 individuales y 146 agrupadas) del año anterior. El documento subraya que en supuestos de especial vulnerabilidad como el caso de inmigrantes con graves problemas de salud, el derecho a la protección a ésta "debería amparar a toda persona, con independencia de su situación administrativa".

El hecho de que, una vez prestada la atención en urgencias, se proceda al alta de estos pacientes "no parece corresponderse con una cabal interpretación" de la ley de cohesión y calidad del sistema de salud. Denuncia que a "en algún centro se procede a la formalización de facturas" a estos inmigrantes con enfermedades graves o crónicas.

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