STEPV insta a Educación a retirar el certificado negativo de Registro Central de Delincuentes Sexuales al profesorado

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament (STEPV) ha instado a la Conselleria de Educación a retirar el certificado negativo de Registro Central de Delincuentes Sexuales al profesorado porque "pone en el punto de mira" a los docentes y "atenta contra la presunción de inocencia".

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament (STEPV) ha instado a la Conselleria de Educación a retirar el certificado negativo de Registro Central de Delincuentes Sexuales al profesorado porque "pone en el punto de mira" a los docentes y "atenta contra la presunción de inocencia".

El sindicato explica, a través de un comunicado, que "la Conselleria de Educación ha hecho pública hoy la obligación para todo el profesorado, interino y funcionario de carrera, de presentar el certificado negativo de Registro Central de Delincuentes Sexuales, en aplicación de la Ley de protección del Menor".

Según las instrucciones publicadas, el profesorado interino adjudicado a partir del 1 de marzo tendrá que aportar este certificado junto con el resto de la documentación habitual a las direcciones territoriales. Y el profesorado que ya está prestando servicios este curso, tendrá que autorizar a la Conselleria al acceso a la Plataforma de Intermediación de Datos del Ministerio de Hacienda, para acceder a esta información, antes del 1 de abril de 2016.

STEPV considera que esta medida "atenta contra la presunción de inocencia del profesorado y vuelve a poner en cuestión la profesión docente ante la sociedad".

La entidad cree que "esta no es una medida que solucionará el problema, sino que sólo sirve para poner en el punto de mira, nuevamente, a la inmensa mayoría de los docentes que trabajan con una gran profesionalidad, respeto y dedicación para llevar adelante su alumnado".

"forma parte de la normativa del ministerio"

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Educación han recordado que la petición de dicho certificado "forma parte de la normativa de la Ley de Protección del Menor marcada este agosto por el Ministerio de Justicia".

"Como administración autonómica tenemos la obligación de seguirla y no sólo nosotros, sino todo el resto de administraciones que tienen funcionariado", han señalado a Europa Press.

Por lo tanto, apuntan desde el departamento de Campanar, "se puede estar o no de acuerdo con este hecho y por eso el STEPV se tendría que dirigir a quien ha marcado esta norma, el Ministerio de Justicia".

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