La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander ha acordado el sobreseimiento libre y archivo de la causa contra los propietarios de Ecomasa, Andrés de León y Manuel Jesús Lavín, en relación a los delitos contra los derechos de los trabajadores y de apropiación indebida y estafa que se les atribuía por las indemnizaciones de Teka.

Igualmente, la jueza acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa contra la anterior directora del Servicio Cántabro de Empleo, María Angeles Sopeña, por un supuesto delito de falsedad documental en relación con los cursos formativos subvencionados por el EMCAN, que según la querella de los trabajadores, no habían sido realizados.

El auto, dictado este lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, señala que los 88 trabajadores de Teka recolocados en la fábrica de estufas de Maliaño "no generaron el derecho al devengo de indemnización, derecho que sólo nació", añade, en el caso de los 19 trabajadores que optaron por no recolocarse en Ecomasa (EWI).

El auto sostiene que la querella de los trabajadores parte de una premisa "errónea", y en este sentido, señala que los 3,2 millones de euros que desde Teka se transfirieron a Ecomasa no son la indemnización perteneciente a los trabajadores -como sostienen éstos en su querella-, sino la aportación de capital por parte de Teka.

La magistrada agrega que "en ningún momento" los trabajadores de Teka dejaron de trabajar en esta empresa por un supuesto engaño cometido por los administradores de EWI y descarta también el delito de estafa.

Paralelamente, la jueza desestima el archivo de la causa contra Lavín y De León en relación a los demás delitos que están siendo investigados, al no haber finalizado la instrucción. En relación al presunto delito societario, se encuentran pendientes las aclaraciones al informe pericial contable elaborado por el perito judicial.

Y también está pendiente de resolver la práctica de nuevas diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal, que ve indicios de una presunta estafa agravada vinculada al delito de fraude de subvenciones por posibles irregularidades en la impartición de los cursos de formación subvencionados por el EMCAN.

En relación al archivo de la causa contra la exdirectora del EMCAN, el auto dice que existía abundante documentación que le permitía entender que los cursos habían sido realizados. Así, cita las firmas de asistencia a los cursos, tanto de los trabajadores como de los profesores, cuestionarios anónimos de satisfacción y recibos de recepción de material firmados por los alumnos.

Asimismo, se archiva la causa en relación al delito de coacciones investigado a Mario Palacio, al que los trabajadores acusan de presionarle para que firmaran los partes de asistencia a los cursos y modificaran los cuestionarios de satisfacción para cobrar la subvención del EMCAN, conducta que no ha quedado acreditada.