La menor marroquí de 17 años que ha sido objeto de polémica entre el PSOE, la Comunidad y la Fundación Vida por su intención de abortar ha interrumpido finalmente su embarazo de forma "natural y espontánea", y se encuentra "en perfecto estado" en el centro de Aldeas Infantiles donde le acogía la Comunidad.

El penúltimo episodio de este debate saltaba cuando el PSOE denunció que la Comunidad de Madrid intentaba manipular a la joven, al informarle sólo de las opciones que tenía al margen de la interrupción del embarazo y al no garantizarle toda la información para que pudiera ejercer el derecho personal al aborto.

La secretaria de Políticas de Igualdad del Partido Socialista de Madrid (PSM), Ángeles Álvarez, trasladó la preocupación de su formación política "al ver que el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) está actuando de un modo temeroso y plagado de los presupuestos ideológicos de los sectores más integristas de la región, a los que, por cierto, el Gobierno autonómico financia muy generosamente".

Álvarez pidió a la Comisión de Tutela del IMMF, que el martes próximo tomaría una decisión en base al informe psiquiátrico emitido esta semana, que "tenga en cuenta cuál es su función: informar veraz, amplia, rigurosa e imparcialmente a la menor de cuáles son los derechos que le asisten, que incluyen su derecho a interrumpir el embarazo, así como garantizar su salud y seguridad una vez haya tomado libremente su decisión", indicó la socialista.

Informe de la clínica Dátor

Esta polémica surgió el pasado martes a raíz de una denuncia de la Fundación Vida (FV), publicada por La Razón, acerca de una niña tutelada por la Comunidad de Madrid que vive en un centro de acogida de Aldeas Infantiles y está embarazada de dos meses. Según el diario, la organización criticaba a la Comunidad de Madrid por haber encargado el informe psiquiátrico, pertinente para interrumpir un embarazo, a la clínica Dátor, un centro autorizado para practicar abortos.

Sin embargo, el director de FV, Manuel Cruz, aclaró que su crítica no iba dirigida a la presidenta del Instituto, Paloma Martín, o al Gobierno regional, sino a la funcionaria del IMMF encargada de este caso, quien "obstaculiza que se realice otro informe psicológico para contrastar el que ya existe, que es tendencioso", afirmó Cruz. Tampoco se está permitiendo, según denuncia FV, dar "información completa a esa niña sobre sus otras opciones, sobre las ayudas que existen si no aborta, y sobre las consecuencias y secuelas de tomar esa decisión".

Por su parte, la Comunidad justificó la actuación del IMMF diciendo que sólo aplicó un protocolo ya establecido. Fuentes de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales consultados explicaron que "en estos casos, el protocolo se activa automáticamente: la paciente pasa a la Dirección Territorial de la Seguridad Social, que la deriva a un centro, perteneciente a una lista de clínicas concertadas con el sistema público, donde se le hace el informe psiquiátrico".