Los grupos de C's y UPyD en la Diputación segoviana han propuesto "racionalizar" el presupuesto en curso de la entidad provincial para ampliar en 1,8 millones de euros el capital de Segovia 21, sociedad participada mayoritariamente por la Institución, en la actualidad en situación de concurso de acreedores.

Ambos partidos defenderán una moción conjunta en el próximo Pleno, que se celebrará este jueves, para que se apruebe tal ampliación, o en su caso la compra de la autocartera por el mismo importe.

Para afrontarlo, plantean que se dé marcha atrás en la compra anunciada del Palacio de La Floresta, lo que supondría salvar 600.000 euros; renunciar a obras y equipamientos en el Palacio de Congresos que se promueve en terrenos de Segovia 21, lo que conllevaría un ahorro de otros 600.000; reducir el número de diputados liberados, asesores y personal de confianza por un importe de 155.000 euros, y retrasar la inversión en la reforma del Teatro Juan Bravo, que permitiría salvar otros 440.000 euros.

A través de la moción, ambos grupos reclaman asimismo que la gestión de la sociedad se realice por el funcionariado de la propia Diputación, lo que implica destituir al despacho de abogados Verae como administrador único.

Además, solicitan el nombramiento de un nuevo Consejo de Administración; la supresión del accionariado de la Cámara de Comercio a través de la compra de sus acciones por un precio simbólico, y la exigencia ante todas las instancias posibles de responsabilidades a los antiguos administradores, teniendo para ello en cuenta los plazos de prescripción —el anterior Consejo fue destituido el 18 de septiembre de 2012—.

El portavoz de UPyD, Juan Ángel Ruiz, y su homóloga en C's, María Cuesta, explican que en los últimos meses se ha producido un "cúmulo de despropósitos" a cuenta de Segovia 21, que ha conllevado la modificación de los presupuestos una vez aprobados; la renuncia a la compra del Palacio de La Floresta, donde se prevén ubicar servicios culturales, o el anuncio de la marcha atrás en el plan para "salvar" la sociedad tras la negativa de Bankia a apoyarla económicamente.

"Todos estos desatinos no sabemos ni conocemos a qué obedecen, pero lo cierto es que a día de hoy la sociedad Segovia 21 está en concurso de acreedores, pese a que desde Diputación se había concebido un plan para en teoría salvar esta empresa participada casi en un cien por cien por la institución provincial", precisan.

"una solución imaginativa"

Ambos partidos persiguen que no se pierda la finca de Quitapesares, propiedad de Segovia 21, de ahí que presenten una solución "alternativa e imaginativa" que no se centra solo en una ampliación del capital social, sino que va acompañada de medidas estabilizadoras de la repercusión económica en el funcionamiento de la Diputación.

Al respecto, resaltan que con ello se evita el "peligro" que supone para la Institución provincial realizar un aval, dada la situación en la que se ha sumido Segovia 21, y que la propuesta puede llevarse a cabo pese al concurso de acreedores, lo que requiere presentar al administrador concursal un plan de viabilidad serio y riguroso.

UPyD y C's recuerdan que Verae fue nombrado administrador único en octubre de 2012 para eludir el concurso de acreedores y reflotar el proyecto, dotándole de la viabilidad que hasta entonces no tenía, y lamentan que este no haya conseguido esos objetivos, al tiempo que aseguran que la gestión no ha sido transparente.

"No se han encontrado nuevos socios ni se ha presentado un plan de viabilidad. Nada de nada. El fracaso ha sido total y absoluto. Han surgido muchas dudas acerca de su gestión, incluso con múltiples pleitos de irregular éxito que solo han logrado un mayor endeudamiento de la sociedad", se quejan.