Una delegación de la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT en la sociedad pública Tragsa, de la que forma parte la presidenta del comité de empresa en Cantabria, Emilia López-Dóriga, se entrevistará este martes y miércoles en Bruselas con eurodiputados y responsables de distintas instituciones europeas para informarles de la problemática de la empresa pública española, que ha despedido recientemente a más de 500 trabajadores, seis de ellos en la región.

Según precisa MCA-UGT, la delegación, integrada por seis sindicalistas de Tragsa, se entrevistará este martes con la presidenta del Grupo de Trabajadores del Comité Económico y Social europeo, Gabrielle Bischoff, y con algunos eurodiputados españoles, como Sergio Gutiérrez y Javier López (Grupo Socialista), Paloma López (Grupo Izquierda Unitaria) y Enrique Calvet (Alianza de los Demócratas y Liberales).

La agenda de reuniones de la delegación sindical de MCA-UGT se completará el miércoles con Jutta Steinruck, coordinadora de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Grupo de Socialistas y Demócratas; con Montserrat Mir, representante de la Confederación Europea de Sindicatos; además de distintos encuentros con eurodiputados.

La federación de Metal, Construcción y Afines de UGT aclara que el motivo de esta visita a diferentes eurodiputados y representantes de instituciones europeas comunitarias es informar de la evolución y la problemática de Tragsa en los últimos años, en los que con el actual equipo directivo "se ha pasado de aportar beneficios a la Sociedad Pública de Participaciones Industriales (SEPI) a tener pérdidas en los años 2013 y 2014, aunque en el año 2015 se retornó a los resultados positivos".

"Pese a que en 2015 Tragsa ya generaba beneficios, sus responsables decidieron aplicar 555 despidos en base a unas previsiones económicas y de producción de dos años antes, 2013, sin tener en cuenta los actuales", agrega MCA-UGT.

De hecho, la propia presidenta del comité de empresa de Tragsa en Cantabria aclaró, cuando los trabajadores decidieron iniciar una huelga general el pasado febrero, que la empresa pública "nunca había tenido pérdidas económicas en la región en sus 30 años de funcionamiento".

MCA-UGT considera que se está "ante una gestión empresarial de carácter ideológico que lo único que pretende es una empresa pública de empleo frágil y eventual (se ha despedido a fijos y ahora se contrata eventuales en los mismos puestos), con una mayor precariedad laboral y una reducción de capital humano propicias para una privatización encubierta".