La Fiscalía ha pedido que la causa judicial sobre los Pujol sea declarada "compleja" y pueda demorarse un máximo de tres años, ante la abundante documentación de la supuesta "trama organizada" que integran los investigados, "cuyo objetivo final es el fraude organizado".

Así lo advierte el Fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo, en un escrito, al que ha tenido acceso Efe, dirigido a la titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, Beatriz Balfagón, que está pendiente de que la Audiencia de Barcelona determine si debe inhibirse en favor de la Audiencia Nacional en la causa que abrió en julio de 2014 tras la confesión del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol de que durante décadas mantuvo una fortuna oculta en el extranjero.

En su escrito, fechado el pasado 16 de febrero, Bermejo solicita a la juez que la causa sobre los Pujol sea declarada "compleja", como establece la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, y por tanto pueda prolongarse durante un máximo de 3 años, en dos periodos de 18 meses, que empezarían a contar desde diciembre de 2015, cuando entró en vigor la modificación legislativa.

El Fiscal Anticorrupción alega que la causa abierta tras la confesión del expresidente catalán "afecta y recae" sobre una "trama compleja de sociedades mercantiles", lo que exige la realización de periciales y de varios informes, así como del análisis de la documentación obtenida a través de comisiones rogatorias, lo que implica el examen de "abundante información" y "complicados análisis".

En su escrito, Anticorrupción remarca que los delitos que se imputan al expresidente Jordi Pujol, a su esposa Marta Ferrusola y a los hijos imputados en la causa -Jordi, Marta, Mireia y Pere-, son los de blanqueo de capitales fuera de España, malversación de caudales públicos, cohecho, delito fiscal, prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento público.

El fiscal, que subraya la "relevancia social y política" de los imputados, califica de "misterioso" supuesto legado con el que los Pujol atribuyen su fortuna en Andorra, ya que no existe constancia documental sobre su origen "a pesar de haberse requerido a los investigados en numerosas ocasiones".

Por el contrario, Bermejo subraya en su escrito que la investigación ha puesto de manifiesto hasta el momento la existencia por parte de los Pujol de una "unidad de propósito y dirección que crea y controla una estructura organizada en la que se diferencian varios individuos con funciones diferenciadas".

"Cada uno de los denunciados juega un papel específico dentro de una operativa compleja -entramado societario- cuyo objetivo final es el fraude organizado, y el blanqueo de unos beneficios obtenidos que no tienen correlación con las ganancias que reciben, tratándose de una organización perfectamente estructurada, de carácter jerárquico y gran facilidad para la movilidad internacional de dinero", apunta.

Según el Fiscal Anticorrupción, esta supuesta "trama organizada" integrada por los Pujol, "lleva operando con gran estabilidad y permanencia en el tiempo", ya que las operaciones, según la información remitida al juzgado, se remonta "de momento" al año 2001.

Para el Fiscal, los Pujol han actuado "coordinadamente" frente a la acción inspectora de la Administración.

En su escrito, Bermejo alega además que la mayoría de los miembros de la familia Pujol imputados en la causa "ostentan un alto nivel de vida" y serían propietarios, a través de personas interpuestas y sociedades, de bienes muebles e inmuebles de gran valor económico.

Además, subraya que también tienen "contactos importantes en el mundo político y empresarial por la relevancia del cargo que tuvo Jordi Pujol Soley durante casi 23 años en Cataluña".