La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, se ha reunido en Sevilla con el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, para analizar la colaboración de ambas instituciones en materia social en el ámbito de las entidades locales, prestando especial atención a las prestaciones por dependencia como la ayuda a domicilio y el refuerzo de profesionales, así como los programas de lucha contra la exclusión, la lucha contra la violencia de género y la futura ley de Servicios Sociales, que blindará las competencias de los municipios.

En el encuentro celebrado en la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, los dos responsables han repasado las principales actuaciones que ambas instituciones están llevando a cabo. En este sentido, la consejera ha destacado que el Presupuesto de la Administración autonómica para este año es "profundamente municipalista", aportando la consejería a las corporaciones locales 550 millones de euros, 28 millones de euros más que en 2015. En este importe se incluyen las transferencias para el pago del servicio de ayuda a domicilio, el refuerzo de profesionales y los conciertos en servicios con corporaciones locales.

Otro de los asuntos a los que también han prestado especial atención es el de la violencia de género y la necesidad de buscar estrategias conjuntas como programas formativos dirigidas a policías locales, impulsar las Comisiones Locales de Seguimiento de la Violencia de Género y la Red Andaluza de Municipios Libres de Violencia contra las Mujeres, entre otras.

Igualmente, se ha resaltado la labor de los 165 Centros Municipales de Información a la Mujer existentes en Andalucía, centros que según ha recordado la consejera en declaraciones a los periodistas "son básicos para detectar y prevenir situaciones de violencia de género y que no existen en ningún sitio más que en Andalucía", donde "se han mantenido por la voluntad tanto de las diputaciones como de la Junta y queremos seguir haciéndolo así".

Sánchez Rubio y Rodríguez Villlalobos también han hablado sobre el proyecto de Ley de Servicios Sociales, que tratará de "reforzar y blindar con rango legal" las coberturas básicas, además de establecer nuevos derechos como la libre elección del profesional de referencia. Una futura norma que blindará las competencias de los municipios. "Fundamentalmente hemos trabajado sobre la Ley de Servicios Sociales y en posibilidad de colaborar en alguna modificación o aportación, pero sobre todo en la aplicación posterior a través de los servicios sociales comunitarios", afirma la consejera.

Durante el encuentro de trabajo, Sánchez Rubio y Rodríguez Villalobos también han coincidido en la necesidad de seguir manteniendo una estrecha colaboración entre la Junta de Andalucía y las corporaciones locales para un buen desarrollo y ejecución de los programas relacionados con las prestaciones sociales comunitarias y especializadas y han recordado la excelente labor que realizan los en torno a 80.000 profesionales, 33.000 en Servicios Sociales y 45.000 que trabajan para el desarrollo de la Ley de Dependencia en Andalucía.

"los ayuntamientos ponen rostro al problema"

Rodríguez Villalobos ha señalado que el municipalismo y los servicios sociales "siempre han estado interconectados y no se puede estar pensando en las políticas locales sin hablar de servicios sociales", ya que "los ayuntamientos saben del problema porque están más en contacto con la gente, conocen la realidad de sus pueblos y le ponen rostro al problema".

"Si la Junta nos llama y desde el principio que se está trabajando para elaborar un ley nos tiene en cuenta a la FAMP, estamos encantados y satisfechos", porque los servicios sociales son políticas "donde priman los sentimiento por encima de cualquier otra cosa". En este sentido destaca "la sensibilidad de las personas que trabajan en el mundo social", porque "si no esto no saldría adelante", manifiesta.

Asimismo, Rodríguez Villalobos asegura que el mundo local tiene que colaborar "no solo cofinanciando los programas sino también, en determinados momentos y ante la caída de tesorería de algunas administraciones, arrimar el hombro, no poner siempre obstáculos porque el que gobierna es de distinto signo político, sino ofrecer colaboración para que el personal y las pequeñas empresas no se vean afectado".

"Hay que articular un mecanismo para que el que tenga posibilidades en un momento determinado del ejercicio presupuestario eche una mano", afirma el presidente de la FAMP, que aunque admite que "no sabe cómo se articula esto", sí asegura que "no podemos mirar para otro lado cuando hay problemas que afectan a los vecinos de nuestros pueblos".

La responsable de las políticas sociales en Andalucía y el presidente de la FAMP han hablado también de la estrecha relación de ambas administraciones que se vehiculan, entre otras, a través del Plan Concertado de prestaciones básicas, los programas que desarrollan el Decreto-Ley para la inclusión social, la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva y otras acciones en materia de infancia y familias, juventud, drogodependencias y accesibilidad.

Por último, la consejera le ha informado al presidente de la FAMP que en las próximas semanas iniciará el trámite parlamentario correspondiente el proyecto de Ley de Servicios Sociales, que va a reforzar y blindar con rango legal las coberturas básicas en esta materia, además de establecer nuevos derechos como la libre elección del profesional de referencia. Sánchez Rubio ha recordado que la futura norma contiene "un avanzado panel de derechos que recoge nuestro Estatuto de Autonomía".