Las restricciones a la libertad de reunión y expresión, el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, las expulsiones colectivas de inmigrantes en Ceuta y Melilla, así como los desahucios son las principales violaciones de los derechos humanos en España documentadas por Amnistía Internacional (AI) en su informe anual correspondiente al año 2015.
En la presentación del estudio, el director de Amnistía en España, Esteban Beltrán, lamentó que el Gobierno hubiera hecho el año pasado caso omiso a las "docenas de llamadas de atención" de los organismos internacionales "por haber legalizado la expulsión sumaria de personas migrantes, por no haber regulado el delito de tortura y por haber dejado sin asistencia sanitaria a cerca de 750.000 migrantes en situación administrativa irregular". Además, denunció que los recortes de derechos siguen vigentes en 2016 y señaló como ejemplo la detención de los titiriteros en Madrid acusados de enaltecimiento del terrorismo, que según Amnistía "puede suponer un límite desproporcionado al derecho de la libertad de expresión".
El informe de Amnistía Internacional detectó en 2015 otras violaciones de los derechos:
- Libertad de expresión y reunión: Desde julio, con la entrada en vigor de la reforma del código penal y la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, en España se puede limitar "de forma desproporcionada el ejercicio legítimo de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica". El informe también critica que la ley de seguridad establezca límites sobre dónde y cuándo están permitidas las manifestaciones y las sanciones por celebrarlas frente a algunos edificios públicos, como el Congreso de los Diputados. Además, lamenta que se dote a los agentes de la policía "de amplias competencias para multar a personas que les mostraran faltas de respeto", así como que se tipifique como delito la difusión de imágenes de agentes de la policía. Recuerda Amnistía que el año pasado el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por las repercusiones de esta ley.
- Tortura y malos tratos: Amnistía recuerda que en el mes de mayo de 2015 la ONU también se mostró preocupada por la continuidad de la detención en régimen de incomunicación y recomendó que España modificara la definición de tortura en su legislación y que investigara "de forma efectiva" todas las denuncias de tortura y malos tratos. La ONG recibió informes sobre malos torturas en la frontera y en centros de detención a manos de funcionarios. Y destaca "los retrasos y la ineficacia de las investigaciones".
- Derechos de las personas refugiadas y migrantes: El informe de AI denuncia que en el mes de febrero del año pasado seis hombres procedentes del África subsahariana fueron devueltos a Marruecos desde Ceuta. La ONG critica esta actuación de la Guardia Civil por considerar que no se evaluó individualmente su situación ni se les dio la oportunidad de solicitar asilo. También lamenta que la ley de extranjería se modificara en marzo para legalizar precisamente la expulsión automática de migrantes y refugiados, con una disposición "que allanaba el camino para nuevas expulsiones colectivas". AI critica el archivo de la investigación de la devolución sumaria de un inmigrante en Melilla, pese a existir pruebas en vídeo de que agentes de la Guardia Civil "habían dado una paliza al hombre y después lo habían llevado inconsciente hasta el lado marroquí de la frontera". También denuncian el archivo de la causa por el uso excesivo de la fuerza por la Guardia Civil en la playa de El Tarajal, cuando 14 inmigrantes fallecieron ahogados. En este capítulo se añaden la denuncia por "hacinamiento" en los CETI, el reasentamiento de solo 130 solicitantes de asilo, de los 12.500 peticionarios el año pasado, y el hecho de que 750.000 indocumentados vivan en España sin acceso adecuado a los servicios de salud.
- Seguridad y medidas antiterroristas: Amnistía lamenta que la reforma en octubre de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no eliminase la detención en régimen de incomunicación, pese a que varios organismos internacionales de derechos humanos habían señalado que este tipo de detención incumplía las obligaciones internacionales de España. "Los avances se limitaron a excluir a las personas mneores de 16 años", dice el informe. La ONG recuerda que la ONU pidió a España que ofreciera un remedio efectivo a Ali Aarrass por las torturas y malos tratos sufridos en Marruecos tras su extradición allí en 2010. O como en julio se modificaron varios artículos del código penal relativos a los actos de terrorismo, incluida una definición que, por amplia, "podía penalizar comportamientos que no constituirían de otra manera terrorismo" y darían lugar "a la imposición de restricciones desproporcionadas sobre el legítimo ejercicio de la libertad de expresión".
- Discriminación: El reconocimiento a que todavía hay una discriminación por razones de origen étnico y otros motivos es para Amnistía que la ley de seguridad establezca que la Policía deba realizar controles de identificación "sin discriminar", así como la creación de un observatorio contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
- Violencia contra las mujeres: Amnistía cuenta a las mujeres muertas el año pasado a manos de sus parejas o de sus exparejas, 56, y recuerda que la ONU instó a España en el mes de julio "a garantizar que todas las mujeres víctimas de violencia de género tuvieran accso a reparación y protección. Para la ONG resulta grave que el Gobierno siga negando reparación a Ángela González Carreño, víctima de violencia de género cuya ex pareja había matado a la hija de ambos en 2003. Aunque denunció episodios de violencia en el ámbito familiar, ella no recibió la protección adecuada.
- Impunidad: Al finalizar 2015 las definiciones de desaparición forzada y tortura "seguían sin ajustarse al derecho internacional de los derechos humanos", denuncia Amnistía, que lamenta el archivo de varias causas internacionales debido a las restricciones al ejercicio de la jursidicción internacional. Ponen como ejemplo la suspensión de la investigación por torturas en Guantánamo o las torturas infligidas por cinco militares españoles a dos detenidos en Irak en 2004. También se recuerda que se ha privado del derecho a obtener "verdad, justicia y reparación a las víctimas de crímenes cometidos durante la guerra civil y el régimen de Franco (1936-1975). Amnistía denuncia que en marzo el Gobierno rechazara la solicituad de la justicia argentina, que pedía la extradición de 17 personas implicadas en crímenes de la dictadura.
- Derechos sexuales y reproductivos: Amnistía denuncia que en septiembre se aprobara la legislación que obligaba a las menores de 18 años y a las mujeres con discapacidad intelectual a obtener el consentimiento de su padre para abortar. El Comité de Derechos Humanos de la ONU también recomendó a España que se asegurara de que ninguna barrera legal obligaba a las mujeres a recurrir al aborto clandestino, que pondría en peligro su vida y su salud.
- Derecho a la vivienda: La ONG recuerda que según estadísticas de marzo del Consejo General del Poder Judicial, entre 2008 y 2014 se habían iniciado en España 578.546 procedimientos de ejecución hipotecaria y que durante los primeros nueve meses de 2015 se iniciaron otros 52.350. También recuerda AI que el año pasado la ONU pidió a España "que garantizara el acceso a recursos judiciales de las personas que se enfrentaban a procedimientos de ejecución hipotecaria".
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